La Unidad Fiscal de Operaciones Especiales (UF-OPE) obtuvo en audiencia de declaración de imputado la medida de detención judicial contra Ronal Antonio López Valle, conocido como “Cabeza de Toro”, luego de que el Ministerio Público presentara los primeros elementos de la investigación. El encausado enfrenta cargos por asociación terrorista y delitos relacionados con el tráfico ilegal de armas y municiones de uso prohibido.
La captura se produjo el 29 de septiembre en el barrio Buenos Aires de Tegucigalpa, durante una operación ejecutada por agentes de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET). En el procedimiento fue localizado un fusil negro calibre 5.56 milímetros, acompañado de un cargador que contenía 26 cartuchos sin percutir, evidencia que fue incorporada al expediente investigativo.
De acuerdo con información policial citada por medios hondureños, López Valle, de 37 años, es señalado preliminarmente como presunto integrante de la Pandilla 18 y las autoridades investigan además su posible relación con actividades ilícitas y supuestos ataques armados contra miembros de la Policía Nacional y personas vinculadas al sector transporte. Estas imputaciones forman parte de la investigación y deberán ser acreditadas dentro del proceso judicial.
Los registros policiales citados por la Fiscalía también consignan detenciones anteriores en 2008, 2013 y 2017 por diferentes hechos. La información oficial proporcionada específicamente por la UF-OPE menciona antecedentes por presunta portación ilegal de arma de fuego en junio de 2017, además de registros por lesiones, amenazas y desacato correspondientes a 2008.
Concluida la audiencia de declaración de imputado, el órgano jurisdiccional fijó para el lunes 5 de octubre de 2026 la audiencia inicial, etapa en la que se conocerán los elementos presentados por las partes y se determinará la continuidad del proceso. La detención judicial no constituye una sentencia condenatoria, por lo que la responsabilidad penal deberá establecerse mediante el procedimiento correspondiente y con respeto al debido proceso.
La UF-OPE reiteró que sus actuaciones se desarrollan bajo criterios de objetividad y respeto a los derechos fundamentales de las personas sometidas a investigación. Asimismo, el Ministerio Público mantiene el llamado a la ciudadanía para comunicar a las autoridades cualquier situación que pueda contribuir a prevenir o investigar hechos delictivos.
