La audiencia inicial que estaba prevista para este lunes 28 de septiembre contra Melvin Orlando Cevallos Umanzor no pudo desarrollarse debido a que su defensa presentó ante el juez la documentación correspondiente para acreditar una enfermedad del imputado. El Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa aceptó la justificación y determinó modificar el calendario de la causa.
Como resultado de la suspensión, la diligencia fue fijada nuevamente para el miércoles 14 de octubre de 2026, a las 8:30 de la mañana, fecha en la que se prevé que las partes comparezcan para continuar con la etapa inicial del proceso penal. La información disponible no detalla públicamente el diagnóstico médico presentado por la defensa.
El expediente tiene su origen en acontecimientos registrados el 7 de julio de 2025, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante una comisión especial de contrataciones y adquisiciones, recibía ofertas relacionadas con la implementación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) para las elecciones generales de noviembre de ese año. Según el Ministerio Público, Cevallos habría dirigido movilizaciones de simpatizantes que obstaculizaron la recepción de las propuestas.
La Fiscalía, por medio de la Unidad Especial Contra los Delitos Electorales, presentó el requerimiento contra Cevallos como supuesto autor directo de coacción y amenaza electoral, en perjuicio de la Constitución de la República. No obstante, estos señalamientos corresponden a la hipótesis fiscal y deberán ser examinados dentro del proceso judicial, por lo que el requerimiento no constituye una declaración de culpabilidad.
El caso avanzó inicialmente el pasado 22 de septiembre, cuando Cevallos fue presentado ante los tribunales tras su captura y posteriormente quedó sujeto a medidas distintas de la detención, mientras continúa la causa. La defensa y sectores de Libre han cuestionado el proceso y han sostenido públicamente que existe una motivación política detrás de la acusación, una interpretación que corresponde a sus representantes y que deberá contrastarse con los elementos que sean valorados judicialmente.
