El proyecto del libramiento de la salida sur de Tegucigalpa recibió un nuevo impulso luego de que el Consejo de Ministros aprobara el PCM 015-2026, una medida que permitirá avanzar con la liberación de los terrenos requeridos para construir la carretera. La decisión fue anunciada este 13 de agosto en Casa de Gobierno por funcionarios de la administración de Nasry Asfura.
La nueva infraestructura conectará el anillo periférico, a la altura de La Cañada, con el kilómetro 7.5 de la carretera CA-5 Sur, en El Tizatillo. El corredor tendrá aproximadamente ocho kilómetros y está concebido como una vía alternativa para quienes actualmente deben utilizar la congestionada salida sur de la capital.
El impacto esperado está directamente relacionado con la movilidad. Según las autoridades, por el corredor actual circulan más de 35,000 vehículos diariamente, generando largos tiempos de desplazamiento para personas que viajan entre Tegucigalpa y comunidades como Ojojona, Santa Ana, San Buenaventura, El Tizatillo y Sabanagrande.
La construcción, sin embargo, ha enfrentado un obstáculo fundamental: la falta de disponibilidad completa de los terrenos necesarios para ejecutar la ruta. La subsecretaria de Infraestructura y Transporte, Liana Martínez, explicó que la orden de inicio fue emitida el 29 de septiembre de 2025 y que el contrato contemplaba inicialmente un plazo de 24 meses, pero el proyecto acumula actualmente siete meses de atraso.
El problema no significa que las obras hayan permanecido completamente paralizadas. La Secretaría de Infraestructura y Transporte ya ha desarrollado trabajos de terracería en algunos sectores, pero la falta de acceso a determinadas propiedades ha impedido continuar con etapas fundamentales, especialmente la instalación de equipos necesarios para producir concreto y avanzar posteriormente hacia la pavimentación.
La situación del derecho de vía ya había sido identificada como uno de los principales problemas del proyecto. Un informe de la SIT divulgado en julio registraba 103 casos de terrenos pendientes de negociación o regularización en el tramo principal. Para entonces, el avance de la obra física rondaba el 46 % en los sectores donde existía acceso, mientras la formalización del derecho de vía era considerablemente menor.
El proyecto también representa una inversión considerable. Datos publicados anteriormente por EL HERALDO sitúan el costo de la obra en alrededor de 57.7 millones de dólares, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La liberación de los terrenos es, por tanto, un elemento indispensable para evitar que el retraso termine afectando la ejecución financiera y física de la infraestructura.
La decisión gubernamental implica utilizar la figura de expropiación por utilidad pública, pero las autoridades aseguran que esto no significa desconocer los derechos de los propietarios. El asesor legal de la Presidencia, Roberto Zacapa, explicó que el procedimiento se fundamenta en los artículos 103 y 106 de la Constitución y en el artículo 17 de la Ley Especial para la Simplificación de los Procedimientos de Inversión en Infraestructura Pública.
En términos prácticos, los propietarios afectados deberán ser notificados y recibir una indemnización calculada mediante el denominado justiprecio. Si alguno de ellos no acepta voluntariamente la cantidad establecida, la SIT podrá consignar los recursos ante el juzgado civil correspondiente o una institución bancaria, donde permanecerán disponibles para el propietario.
El Gobierno también aclaró que los afectados conservan mecanismos legales para cuestionar el monto de la indemnización. De acuerdo con la explicación oficial, pueden impugnar judicialmente el justiprecio, aunque la medida gubernamental busca garantizar que el proceso de liberación del derecho de vía pueda continuar.
La administración de Asfura considera que destrabar este procedimiento permitirá recuperar el ritmo de una obra que pretende reducir la presión sobre la salida sur de Tegucigalpa. La magnitud del tráfico actual convierte al libramiento en una infraestructura estratégica para la movilidad de la capital y para los municipios ubicados en el corredor hacia el sur del país.
Con el PCM 015-2026, el Gobierno intenta resolver uno de los principales obstáculos que han frenado el proyecto y acelerar los trabajos pendientes. El compromiso oficial es que los propietarios recibirán la compensación correspondiente mientras la SIT avanza con la adquisición del derecho de vía. El desafío inmediato será convertir esta decisión administrativa en un reinicio sostenido de las obras y evitar que los retrasos vuelvan a acumularse.
