El Gobierno de Nasry Asfura prepara una nueva ofensiva institucional contra la corrupción con un proyecto de ley que será remitido al Congreso Nacional una vez concluya el proceso de concertación con distintos sectores. El anuncio fue realizado por el mandatario durante su participación en el evento “Honduras: Hacia una Competencia Efectiva”, donde vinculó la lucha contra la corrupción con la necesidad de fortalecer la institucionalidad.
La propuesta no será elaborada exclusivamente desde el Ejecutivo. Según explicó Asfura, el documento está siendo consensuado con representantes de la empresa privada, a través del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), además de organizaciones de la sociedad civil, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público. El objetivo, dijo, es construir una normativa que pueda contar con respaldo de diferentes sectores.
El anuncio retoma una iniciativa que el mandatario había planteado desde los primeros días de su administración. En febrero, Asfura ya había anunciado la preparación de una Ley de Transparencia y Anticorrupción y había mencionado la participación de instituciones públicas y organizaciones como el Consejo Nacional Anticorrupción y la Asociación para una Sociedad más Justa.
Uno de los principales planteamientos del gobernante es que el combate a la corrupción no puede depender únicamente de nuevas normas. Asfura sostuvo que Honduras necesita instituciones sólidas, reglas claras y respeto a la separación de poderes para generar seguridad jurídica y confianza, tanto entre los ciudadanos como entre los inversionistas nacionales y extranjeros.
En ese contexto, el presidente hizo énfasis en que el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República deben ejercer sus competencias de manera independiente. También incluyó entre los organismos que deben ser respetados a las instituciones encargadas de fiscalizar el uso de los recursos públicos, como el Tribunal Superior de Cuentas y el Instituto de Acceso a la Información Pública.
La rendición de cuentas será, según el mandatario, otro componente de su estrategia. Asfura aseguró que su administración informará sobre el destino y ejecución de iniciativas respaldadas por el Congreso, entre ellas la adquisición de maquinaria y el fideicomiso utilizado para acciones relacionadas con el sistema sanitario. El presidente presentó estos mecanismos como parte de la obligación de responder a la confianza otorgada por los ciudadanos.
El Ejecutivo también sostiene que el combate a la corrupción debe acompañarse de una reducción y reorganización del aparato estatal. Asfura afirmó que durante los primeros meses de su gestión fueron cerradas 16 instituciones públicas y adelantó que durante el próximo año se revisará si otras dependencias deben ser eliminadas o reducidas.
En materia fiscal, el presidente aseguró que su Gobierno mantiene un manejo responsable de las finanzas públicas y reveló que se han “desobligado” 680 millones de lempiras correspondientes a proyectos que permanecían en las carteras de organismos financieros internacionales y que, según su explicación, llevaban años sin condiciones para ejecutarse. Mencionó entre estas instituciones al BID, BCIE, Banco Mundial, CAF y JICA.
La propuesta anticorrupción llega, además, en un escenario en el que la instalación de una eventual CICIH continúa formando parte del debate político hondureño. Asfura ha reconocido que se trata de un compromiso asumido durante la campaña y ha dejado abierta esa posibilidad, aunque inicialmente su Gobierno ha puesto énfasis en fortalecer el marco jurídico y las instituciones nacionales.
El reto para el Ejecutivo será demostrar que la nueva legislación puede traducirse en mecanismos efectivos de prevención, investigación, fiscalización y sanción. La experiencia hondureña muestra que la aprobación de normas, por sí sola, no garantiza resultados si no existen instituciones independientes, recursos suficientes y capacidad para hacer cumplir las disposiciones. La discusión en el Congreso será, por ello, una de las primeras pruebas políticas de la iniciativa.
Para Asfura, la lucha contra la corrupción debe convertirse en una política que trascienda los períodos presidenciales. El mandatario insistió en que la transformación institucional no puede completarse en cuatro años y llamó a los distintos sectores, especialmente a los políticos, a construir reglas y condiciones que permitan ofrecer a Honduras un horizonte de mayor estabilidad, transparencia y seguridad jurídica.
La próxima etapa será la presentación formal del proyecto ante el Congreso Nacional, donde deberá ser conocido, discutido y eventualmente modificado antes de una votación. Mientras tanto, el proceso de consenso con el sector privado, sociedad civil y las instituciones de justicia será determinante para establecer qué alcance tendrá la futura Ley Anticorrupción y si logrará convertirse en una herramienta efectiva contra el uso indebido de los recursos públicos.
