GINEBRA, Suiza. Honduras compareció este miércoles ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas para someter a evaluación sus informes periódicos combinados correspondientes a los ciclos noveno, décimo y undécimo. El documento fue presentado originalmente por el Estado hondureño en diciembre de 2023 y recoge medidas adoptadas principalmente durante el período 2018-2023.
La revisión constituye parte del mecanismo mediante el cual los Estados que forman parte de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial informan periódicamente sobre las medidas legislativas, administrativas y judiciales adoptadas para cumplir sus obligaciones internacionales. En el caso de Honduras, el expediente corresponde a la sesión 118 del CERD, prevista para 2026.
Durante el diálogo, la delegación hondureña presentó las acciones que, según el Gobierno, buscan fortalecer la protección de los derechos humanos y combatir las expresiones de discriminación racial y étnica. La ministra de Derechos Humanos, Leda Pagán, participó de manera virtual y sostuvo que el país asumió el proceso con apertura y disposición para responder a las preguntas formuladas por los expertos internacionales.
Pagán afirmó que el ejercicio permitió presentar tanto los avances como los desafíos que todavía enfrenta Honduras en esta materia. La funcionaria sostuvo que el respeto a la dignidad humana debe constituir un principio fundamental de la actuación pública y remarcó que los derechos humanos representan obligaciones jurídicas y no concesiones sujetas a decisiones políticas.
Uno de los temas colocados sobre la mesa fue la necesidad de disponer de información estadística más precisa sobre la composición étnica de la población. En ese sentido, Honduras destacó el Censo de Población y Vivienda, cuya incorporación de nuevas variables de identificación étnica permitiría mejorar la información disponible sobre pueblos indígenas y afrohondureños y utilizar esos datos para orientar políticas públicas. El informe presentado ante el CERD ya identifica la generación de información desagregada como un elemento relevante para evaluar las condiciones de estos grupos.
La delegación también informó sobre programas de capacitación desarrollados en materia de derechos humanos y sobre la Convención contra la Discriminación Racial. Según los datos expuestos por Honduras, 28,000 personas han recibido formación en estos contenidos, con el objetivo de fortalecer su conocimiento y aplicación dentro de las instituciones públicas.
Otro de los instrumentos mencionados fue la actualización de la Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, que incorpora componentes específicos relacionados con los pueblos indígenas y afrohondureños. La intención, de acuerdo con la posición presentada por el Gobierno, es utilizar este marco para atender desigualdades y reducir brechas que históricamente han afectado a determinados sectores de la población.
En materia laboral, Honduras informó además sobre disposiciones destinadas a favorecer la inclusión de integrantes de pueblos indígenas y afrohondureños. La propuesta busca ampliar las posibilidades de acceso al empleo en condiciones de igualdad y reducir prácticas discriminatorias que puedan limitar el ejercicio efectivo del derecho al trabajo.
El Gobierno también destacó la reactivación del Sistema de Monitoreo de Recomendaciones Internacionales, mecanismo destinado a dar seguimiento a los compromisos asumidos por el Estado ante organismos internacionales. Su funcionamiento pretende facilitar la coordinación entre instituciones y verificar el nivel de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en materia de derechos humanos.
La composición de la delegación reflejó, además, un esfuerzo interinstitucional. Según explicó Nelly Durón, directora de Investigación y Cumplimiento de Compromisos Internacionales de la Secretaría de Derechos Humanos, en el proceso participaron representantes del Ministerio Público, Poder Judicial, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Educación, Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Agricultura y Ganadería y la propia Secretaría de Derechos Humanos.
Pero la exposición hondureña ante el CERD no se limitó a presentar resultados positivos. El Estado reconoció que todavía existen desafíos estructurales relacionados con la pobreza, las desigualdades y el acceso efectivo a servicios y derechos fundamentales, particularmente en áreas como salud, educación y empleo digno. Estos asuntos forman parte de un contexto más amplio que el Comité deberá considerar al formular sus observaciones finales.
La comparecencia ocurre, además, en un proceso en el que el CERD ha recibido información complementaria de organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones hondureñas. La base documental de la sesión incluye aportes sobre la situación de pueblos indígenas como los Tolupán, Maya Chortí, Miskito y Lenca, así como información presentada por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y organizaciones indígenas.
Con el diálogo desarrollado en Ginebra, Honduras completó una nueva etapa de evaluación internacional sobre el cumplimiento de sus obligaciones para prevenir y eliminar la discriminación racial. El resultado del examen será relevante para identificar los avances reconocidos por el CERD y, al mismo tiempo, las áreas en las que el Estado deberá adoptar nuevas medidas para garantizar que indígenas y afrohondureños ejerzan sus derechos en condiciones de igualdad.
