Una ofensiva policial desplegada en distintos puntos de Honduras dejó como resultado la captura de 60 personas presuntamente vinculadas con organizaciones criminales, según el balance presentado este lunes 26 de octubre por las autoridades de seguridad. Las detenciones forman parte de las primeras acciones reportadas bajo el Plan Escudo de Honduras, una estrategia que busca debilitar las estructuras delictivas y aumentar la presencia policial en zonas identificadas por su incidencia criminal.

El director general de la Policía Nacional, comisionado general Rigoberto Oseguera, y el director de la Dirección Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), Jorge Daniel Molina, expusieron los resultados de los operativos. Durante la presentación, Oseguera aseguró que las fuerzas de seguridad mantendrán la presión sobre las organizaciones delictivas y afirmó que la estrategia no contempla pausas en las acciones contra la criminalidad.

Uno de los datos centrales del informe corresponde a la situación judicial de los detenidos. De las 60 personas capturadas, 40 ya recibieron auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva, de acuerdo con el balance oficial. Las otras 20 permanecen en distintas etapas del procedimiento judicial, por lo que sus situaciones deberán determinarse conforme avancen las diligencias y las resoluciones de los tribunales.

Las autoridades señalaron que las intervenciones se concentran en 30 municipios considerados de alta incidencia delictiva. Para desarrollar las operaciones se utilizan unidades especializadas, labores de inteligencia y recursos tecnológicos, con el propósito de localizar a sospechosos, ejecutar actuaciones judiciales y afectar las capacidades logísticas y financieras de las organizaciones investigadas.

El decomiso de armamento figura entre los resultados destacados por los responsables del operativo. El informe divulgado por las autoridades incluye 20 armas de grueso calibre, 11 armas cortas, un lanzagranadas y aproximadamente 991 municiones. La procedencia de este material y su posible relación con otros hechos delictivos forman parte de las líneas de investigación que deberán establecer los organismos competentes.

El desglose territorial presentado por Molina sitúa a Francisco Morazán a la cabeza de las detenciones, con 28 personas capturadas. Cortés aparece en segundo lugar, con 14, mientras Olancho registra ocho. Los datos oficiales también consignan tres detenciones en Colón, una en Santa Bárbara, una en Comayagua, una en Atlántida, tres en Yoro y una en Gracias a Dios.

En cuanto a la presunta pertenencia de los detenidos a distintas estructuras criminales, la DAET atribuyó 30 casos a la Mara Salvatrucha (MS-13), 26 a la Pandilla 18 y cuatro al denominado Cártel del Diablo. Estas vinculaciones corresponden a señalamientos de las autoridades y deberán sustentarse en las investigaciones y los procedimientos judiciales respectivos, sin que la identificación policial sustituya una sentencia condenatoria.

La información presentada establece que 57 de las personas capturadas son hombres y tres son mujeres. El reporte también distribuye las detenciones según las instituciones que participaron en las operaciones: la DAET contabilizó 37, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) nueve y la Policía Preventiva ocho. Otras cinco fueron atribuidas a unidades de lucha contra el narcotráfico y una a la Policía Militar del Orden Público.

Más allá de las capturas, la estrategia policial pretende afectar las redes que sostienen el funcionamiento de las organizaciones delictivas. Oseguera explicó que las acciones están dirigidas tanto contra quienes presuntamente ejercen posiciones de liderazgo como contra las personas que contribuirían a mantener sus operaciones financieras y logísticas. La eficacia de ese enfoque dependerá también de la capacidad investigativa para identificar recursos, conexiones y posibles redes de apoyo.

Por su parte, Molina afirmó que las autoridades han observado una disminución de las llamadas extorsivas durante los últimos días. Sin embargo, en la información difundida no se presentaron cifras comparativas que permitan establecer la magnitud de esa reducción ni determinar si se mantiene en las diferentes regiones del país. La evolución de las denuncias y los registros oficiales será fundamental para evaluar el impacto de las operaciones contra la extorsión.

El director de la DAET también advirtió sobre la posibilidad de que integrantes de estructuras criminales se desplacen hacia comunidades cercanas a las principales ciudades, particularmente en los alrededores de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Ante esa posibilidad, las autoridades pidieron a los habitantes reportar movimientos sospechosos y aportar información que pueda contribuir a las investigaciones. El llamado, según los funcionarios, es a colaborar sin exponerse a situaciones de peligro.

La Policía Nacional anunció que continuará desarrollando operativos en las zonas priorizadas y fortalecerá sus capacidades para mantener las acciones contra pandillas y otras organizaciones delictivas. Aunque las 60 capturas y los decomisos constituyen los resultados iniciales comunicados, el alcance del Plan Escudo también tendrá que evaluarse mediante indicadores verificables, como la evolución de la extorsión, los homicidios, las denuncias ciudadanas y el avance de los procesos judiciales. El seguimiento de esos resultados permitirá establecer si la estrategia contribuye a mejorar de forma sostenida la seguridad de las comunidades hondureñas.