Tegucigalpa.— El pleno del Congreso Nacional dio este lunes el último paso legislativo para modificar el Decreto 38-2026 y precisar el régimen de exenciones tributarias que acompañará la ejecución del proyecto destinado a resolver la mora en el suministro de placas vehiculares y fortalecer el Sistema Nacional de Identificación Vehicular. La reforma busca eliminar vacíos en la aplicación de los beneficios fiscales y abarcar las diferentes etapas de adquisición de bienes, tecnología y servicios necesarios para ejecutar el proyecto.
La disposición aprobada amplía específicamente el alcance de las exenciones para que no se limiten a las operaciones realizadas directamente por el Instituto de la Propiedad (IP). También incluye a las empresas que sean contratadas por el Estado para fabricar y distribuir las placas, así como para proporcionar los servicios relacionados con el sistema de identificación. El objetivo es evitar que los impuestos aplicados durante la cadena de suministro terminen elevando los costos de una iniciativa que el Estado considera prioritaria.
El antecedente de esta reforma se encuentra en el Decreto Legislativo 38-2026, aprobado el 19 de marzo de 2026 y publicado posteriormente en el Diario Oficial La Gaceta. La normativa autorizó al Poder Ejecutivo, a través del Consejo Directivo del IP, a contratar directamente el suministro de placas de distintos tipos y adquirir lectores vehiculares, arcos de lectura, infraestructura tecnológica, servidores, enlaces de comunicación, licencias y sistemas informáticos.
La necesidad de actualizar el marco legal está relacionada con una mora acumulada durante varios años en la entrega de placas. El decreto original señala que el parque vehicular hondureño supera los 3.6 millones de vehículos registrados y considera la identificación vehicular una herramienta relevante para la seguridad pública, la administración tributaria, el control territorial y la prevención del delito.
Con la nueva reforma, las compras e importaciones directamente vinculadas con la implementación del proyecto podrán acogerse a las exenciones previstas, incluyendo el Impuesto Sobre Ventas y otros tributos asociados a las operaciones contempladas en la legislación. El Congreso ya había planteado durante agosto la necesidad de exonerar los materiales utilizados para fabricar las placas y extender el beneficio a las empresas relacionadas con el proceso.
Pero el beneficio fiscal aprobado no será de aplicación general. La reforma establece que las exenciones deberán utilizarse exclusivamente para las operaciones vinculadas con la ejecución del proyecto de placas y del Sistema Nacional de Identificación Vehicular. Los bienes, equipos, tecnologías y servicios adquiridos bajo este régimen no podrán ser desviados hacia otras actividades ni transferidos para aprovechar el beneficio tributario con objetivos diferentes a los establecidos por el decreto.
La Secretaría de Finanzas y la Administración Aduanera de Honduras tendrán un papel central en la aplicación y fiscalización de estas disposiciones. Las instituciones deberán establecer los procedimientos y controles necesarios para verificar que los bienes importados o adquiridos bajo las exenciones sean efectivamente destinados al proyecto. El decreto original ya contemplaba mecanismos de control para garantizar que los bienes beneficiados fueran utilizados exclusivamente para los fines autorizados.
Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es que los impuestos que el Estado deje de percibir como consecuencia de las exenciones no podrán convertirse posteriormente en un costo adicional para el Instituto de la Propiedad o para el propio Estado. Con ello, el Legislativo busca que el beneficio tributario tenga como finalidad reducir los costos de adquisición y no simplemente trasladar el valor de los impuestos exonerados al precio final del contrato. En términos prácticos, la reforma pretende cerrar el circuito fiscal del proyecto y establecer reglas más precisas sobre quién puede utilizar las exenciones y para qué.
La medida llega en momentos en que el suministro de placas continúa siendo un asunto de interés para miles de propietarios de vehículos y para las instituciones responsables del registro y control vehicular. El propio decreto 38-2026 plantea que la modernización debe permitir superar la mora existente y garantizar un suministro continuo de placas en los próximos años. De esta manera, la reforma aprobada este lunes busca despejar obstáculos tributarios y administrativos para que el proyecto pueda avanzar, aunque su efectividad dependerá ahora de la ejecución contractual, los controles institucionales y la capacidad del Estado para garantizar que los beneficios fiscales realmente se traduzcan en un sistema vehicular más eficiente y seguro.
