TEGUCIGALPA, HONDURAS.— Una nueva propuesta para modificar el sistema electoral hondureño fue presentada este lunes 24 de agosto por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien planteó reformar más de una veintena de artículos de la legislación vigente. El proyecto será analizado por la Comisión de Asuntos Electorales, presidida por el diputado Antonio Rivera Callejas, antes de ser sometido a la consideración del pleno legislativo.
La iniciativa surge después de las experiencias y controversias registradas durante el proceso electoral de 2025. Zambrano sostuvo que el propósito es corregir aspectos que generaron dificultades y preparar un marco normativo más funcional para los comicios de 2029. La comisión legislativa ya venía trabajando desde principios de año en una revisión de las principales demandas de reforma, incluyendo consultas con distintos sectores.
Uno de los asuntos centrales será el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE). El proyecto plantea establecer mayores responsabilidades para los consejeros y sanciones ante ausencias injustificadas en las sesiones del pleno. Zambrano defendió que quienes integran el máximo organismo electoral deben participar activamente en las deliberaciones, presentar propuestas y votar los asuntos sometidos a consideración.
La propuesta también pretende modificar el papel de los consejeros suplentes. De acuerdo con el planteamiento presentado, estos deberían participar en las discusiones del organismo electoral para conocer los asuntos que se encuentran bajo análisis antes de asumir eventualmente las funciones de un propietario. El objetivo es evitar que una ausencia pueda paralizar decisiones importantes del órgano electoral.
Otro componente de la reforma está relacionado con las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y la denominada ciudadanización de las mesas. La propuesta busca abrir la discusión sobre una integración con mayor participación ciudadana y revisar los mecanismos de selección y las funciones de quienes administran directamente la recepción de los votos. El tema ya había sido identificado por organizaciones de sociedad civil como uno de los aspectos susceptibles de transformación para reducir el control político-partidario sobre los organismos electorales.
La rapidez con que se conocen los resultados electorales constituye otro de los puntos de mayor relevancia. Zambrano propuso revisar el sistema de transmisión y tomar como referencia experiencias de países como Chile y Colombia, con la expectativa de que en 2029 los resultados puedan conocerse pocas horas después del cierre de las urnas. El planteamiento busca superar las demoras que caracterizaron etapas del proceso electoral anterior.
El proyecto incluye además modificaciones relacionadas con el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y el procedimiento de escrutinio especial, particularmente respecto de la intervención de representantes de partidos políticos y candidatos. En las elecciones generales de 2025, el CNE estableció en su cronograma que el escrutinio público de las JRV comenzaría después del cierre de la votación y contempló posteriormente los procedimientos de nulidad administrativa y revisión de actas.
En materia de inclusión política, la iniciativa contempla que cuando se produzca una ausencia definitiva de una persona electa o designada, su sustitución conserve el mismo género. Asimismo, plantea blindar el uso del 15 % de la deuda política destinado a capacitación, preparación y fortalecimiento de la participación política de las mujeres, de manera que esos recursos sean utilizados exclusivamente para ese propósito. Zambrano pidió a la Comisión de Asuntos Electorales acelerar el debate y afirmó que la aprobación requerirá construir acuerdos entre las distintas fuerzas políticas, con el desafío de alcanzar los 86 votos necesarios para una reforma electoral.
