La propuesta de la diputada Burgos llega en un momento en que la sequía dejó de ser únicamente un problema agrícola para convertirse en un asunto de seguridad alimentaria y gestión del agua. En julio, Copeco elevó a alerta amarilla a 75 municipios, mientras otros permanecieron bajo vigilancia debido al déficit de lluvias.

El planteamiento legislativo contempla, en primer término, reformar el Presupuesto General de la República para flexibilizar el uso de las transferencias municipales y permitir que las alcaldías afectadas puedan destinar parte de esos recursos a enfrentar la emergencia. La intención es que los gobiernos locales tengan capacidad de actuar con mayor rapidez ante la falta de agua.

Otra de las medidas apunta a adelantar las transferencias correspondientes al tercer trimestre para los municipios más afectados. A esta propuesta se suma la decisión anunciada por Burgos de priorizar la entrega de maquinaria adquirida mediante el Decreto Legislativo 08-2026 a las 75 municipalidades identificadas como afectadas.

La comisión también plantea que el país adopte una declaratoria de emergencia por sequía, con énfasis en las comunidades que presentan mayores niveles de vulnerabilidad. La medida permitiría concentrar recursos y coordinar acciones institucionales para atender tanto a las familias como a los sectores productivos.

En materia logística, una de las iniciativas propone que varios gobiernos municipales puedan realizar compras conjuntas, coordinadas mediante el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). La idea es adquirir productos por lotes y regiones, dando prioridad a proveedores locales para acelerar la distribución de ayuda.

Pero la propuesta legislativa no se limita a responder a la emergencia inmediata. Burgos planteó elaborar un Plan Nacional de Emergencia contra la Sequía, con acciones diferenciadas para el corto, mediano y largo plazo, de manera que el Estado pueda anticiparse a nuevos períodos de déficit hídrico.

El agua para la producción ocupa un lugar central dentro del paquete. La iniciativa denominada Plan Nacional de Agua para la Producción contempla reservorios con geomembranas, sistemas de riego, entrega de cinta de riego a pequeños productores y perforación de pozos mediante equipos disponibles en instituciones públicas. La propuesta coincide con medidas que la SAG ya ha impulsado, entre ellas sistemas de riego con paneles solares y reservorios de agua.

El sector ganadero también aparece entre las prioridades. Una de las propuestas busca crear un programa de repoblación bovina, tomando en cuenta el inventario ganadero nacional y las dificultades que enfrentan los productores para mantener sus animales durante períodos prolongados de escasez de agua y alimento.

Complementariamente, se plantea establecer cuatro bancos regionales de alimentos para ganado, con el propósito de disponer de reservas destinadas a productores de carne y leche. La medida adquiere relevancia porque la propia SAG ha reconocido la necesidad de fortalecer bancos de alimento para el sector ganadero y preparar a los productores frente a una nueva realidad climática.

La décima propuesta está relacionada con la energía utilizada para obtener agua. Burgos propone promover bombas solares con exoneraciones, buscando reducir los costos de operación de los productores y disminuir la dependencia de combustibles fósiles para el bombeo destinado al riego y otras actividades agropecuarias.

También se busca que la agricultura hondureña se adapte a condiciones climáticas diferentes a las registradas históricamente. Para ello, la Comisión de Seguridad Alimentaria propone solicitar a la SAG y a la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) el diseño de un programa de introducción y adaptabilidad climática que permita identificar cultivos y prácticas con mayor resistencia a períodos de escasez de lluvia.

La preocupación tiene respaldo en las proyecciones climáticas. Análisis de FEWS NET señalan que las condiciones asociadas con El Niño podrían mantener temperaturas superiores al promedio y lluvias inferiores o irregulares durante buena parte de 2026, aumentando el estrés de humedad del suelo y el riesgo para los cultivos de pequeños productores.

Honduras ya ha puesto en marcha otras medidas para reducir el impacto. La SAG anunció una inversión de 1,500 millones de lempiras para fortalecer la producción agrícola y ha orientado los incentivos hacia zonas con mejores perspectivas climáticas. También mantiene monitoreo y asistencia técnica para que los productores decidan dónde, cuándo y qué sembrar según los pronósticos.

El siguiente paso será someter las 10 iniciativas al análisis de alcaldes, productores, organizaciones y demás participantes del Congreso por la Seguridad Alimentaria. Burgos dejó claro que el listado constituye una propuesta inicial y no un paquete definitivo, por lo que las observaciones de los sectores involucrados serán consideradas antes de determinar cuáles medidas podrían convertirse en proyectos o resoluciones para su discusión en el pleno del Congreso Nacional.

La diputada reconoció que las perspectivas no son alentadoras, pero insistió en que la respuesta debe construirse de manera conjunta. Con municipios afectados, productores enfrentando pérdidas y pronósticos que mantienen el riesgo de déficit de lluvias, el debate sobre estas 10 propuestas coloca al Congreso ante una decisión que trasciende la coyuntura: cómo convertir la emergencia actual en una política permanente de seguridad hídrica y alimentaria para Honduras.