Tegucigalpa, Honduras, 19 de agosto de 2026. El asesinato del abogado Dereck Isaac McNeil James, ocurrido en Roatán, Islas de la Bahía, colocó nuevamente bajo escrutinio internacional la investigación por la desaparición de Angie Samanta Peña Melgares. Dieciséis organizaciones de mujeres y derechos humanos expresaron su “profunda preocupación e indignación” y demandaron al Estado hondureño acciones inmediatas para esclarecer el crimen y garantizar la seguridad de quienes participan en la búsqueda de justicia.

La muerte de McNeil adquirió especial relevancia después de que el presidente Nasry Asfura confirmara públicamente que el abogado formaba parte del programa de testigos protegidos relacionado con el expediente de Angie Peña. El mandatario informó el 17 de agosto que el crimen estaba siendo investigado por la Policía, mientras el caso de la joven permanece abierto desde su desaparición en enero de 2022.

Para las organizaciones firmantes, el homicidio trasciende el ataque contra una persona y plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para proteger a quienes aportan información en investigaciones de alto impacto. Sostienen que, de acuerdo con información preliminar que manejan, McNeil no habría contado con medidas de protección física efectivas pese a su condición de testigo y a la naturaleza del caso.

La relevancia del abogado dentro de la investigación estaría relacionada con información que había proporcionado a las autoridades. Según el comunicado, McNeil declaró haber visto con vida a Angie después de su desaparición y habría aportado datos sobre movimientos financieros que las organizaciones vinculan con la estructura investigada. Su testimonio había sido recibido por el Ministerio Público mediante la figura de prueba anticipada, por lo que, según las organizaciones, el asesinato no elimina necesariamente su valor dentro del proceso judicial.

La desaparición de Angie Peña se remonta al 1 de enero de 2022, cuando la joven de 22 años desapareció en Roatán mientras utilizaba una moto acuática en las aguas cercanas a West Bay. En los primeros días, las autoridades manejaron principalmente la hipótesis de un accidente en el mar e incluso señalaron que los análisis de cámaras no respaldaban un secuestro.

Sin embargo, el expediente posteriormente tomó un rumbo diferente. En abril de 2024, la justicia hondureña dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva contra Harold Joseph Green Jr. y William James Murdock por suponerlos responsables de trata de personas, en la modalidad de venta de personas, en perjuicio de Angie Peña. Otros dos acusados, Ramón Gustavo Trejo Nájera y Gary Lee Johnston, enfrentaron cargos por asociación para delinquir. La Corte de Apelaciones confirmó esas medidas en diciembre de ese año.

La investigación continuó abierta durante 2026. En mayo, una fuente vinculada al Ministerio Público informó que permanecían activas varias líneas de investigación y que no se descartaban nuevas acusaciones. Un mes después, la Secretaría de Seguridad sostuvo que las diligencias para localizar a Angie continuaban con apoyo de Interpol y otras agencias.

En ese contexto, las organizaciones recuerdan que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas había emitido la Acción Urgente N.° 1691/2024, mediante la cual requirió al Estado hondureño adoptar medidas para buscar y localizar a Angie, desarrollar una estrategia integral de búsqueda e investigación y garantizar la participación efectiva de sus familiares y representantes. El comunicado sostiene que el asesinato del testigo evidencia que esas obligaciones y recomendaciones continúan enfrentando serias deficiencias.

Las organizaciones también llevaron el nuevo crimen ante el Comité de la ONU y denunciaron lo que consideran un incumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Honduras bajo la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. A su juicio, el homicidio de McNeil incrementa el temor entre familiares, testigos, defensores y organizaciones que acompañan el caso y puede generar un efecto intimidatorio sobre quienes poseen información relevante.

Entre las principales exigencias figura una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial del asesinato, incluyendo la identificación tanto de los autores materiales como intelectuales y la determinación de eventuales responsabilidades por omisiones en materia de protección. También demandan medidas urgentes para garantizar la seguridad de testigos, familiares y operadores de justicia vinculados al expediente.

El pronunciamiento reclama además una estrategia única y coordinada para buscar a Angie Peña, con perspectiva de género, así como mecanismos permanentes de comunicación con sus familiares. Entre sus propuestas destaca la creación urgente de una Comisión de Búsqueda, con asistencia técnica de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en Honduras, para abordar no solamente este caso sino el fenómeno de las desapariciones en el país.

El asesinato de McNeil abre así un nuevo capítulo en un expediente que, cuatro años después de la desaparición de Angie Peña, continúa sin resolver el paradero de la joven. Las organizaciones concluyeron su pronunciamiento reiterando su respaldo a la familia y reclamando que el Estado hondureño asuma plenamente su responsabilidad de investigar, proteger y combatir la impunidad. Mientras tanto, el crimen del testigo protegido añade una nueva y grave interrogante: ¿qué información conocía McNeil y hasta dónde puede llegar la investigación para determinar si su asesinato estuvo relacionado con lo que sabía sobre el caso Angie Peña? Esa respuesta corresponderá a las autoridades encargadas de esclarecer el homicidio y determinar responsabilidades.