TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Gobierno de Honduras confirmó este martes que la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños en Estados Unidos es ya un escenario que tendrá efectos concretos, después de meses de litigios y decisiones judiciales. La canciller Mireya Agüero aseguró que la administración del presidente Nasry “Tito” Asfura mantiene gestiones diplomáticas con Washington para procurar una salida ordenada para los más de 55.000 compatriotas afectados.
El programa fue concedido originalmente a Honduras tras la devastación provocada por el huracán Mitch en 1998 y permitió durante décadas que miles de hondureños pudieran residir y trabajar legalmente en territorio estadounidense. En julio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la terminación de la designación hondureña, estableciendo inicialmente el 8 de septiembre de 2025 como fecha para que concluyeran los beneficios.
La situación, sin embargo, quedó atrapada en una batalla judicial. Una jueza federal había bloqueado temporalmente la cancelación y mantenido vigentes las protecciones y autorizaciones de empleo para los beneficiarios, pero posteriormente una corte de apelaciones permitió al Gobierno estadounidense avanzar con la terminación. En enero de 2026 todavía existían medidas judiciales que mantenían el TPS y los permisos de trabajo de los hondureños bajo protección.
Agüero explicó que los recientes pronunciamientos de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre otros países con TPS redujeron las posibilidades de utilizar los tribunales para frenar indefinidamente las decisiones de la Administración estadounidense. En este nuevo escenario, la Cancillería hondureña considera que la vía diplomática adquiere mayor importancia para intentar obtener tiempo adicional y mecanismos que permitan a los afectados buscar alternativas migratorias.
La pérdida del TPS tampoco equivale, por sí sola, a una orden automática de deportación para cada beneficiario. El futuro migratorio de cada persona dependerá de factores particulares, entre ellos si cuenta con otra solicitud o categoría migratoria, vínculos familiares, procesos judiciales pendientes u otra base legal para permanecer en Estados Unidos. Organizaciones que trabajan con migrantes han insistido, además, en que los beneficiarios busquen asesoría jurídica individual antes de tomar decisiones.
El principal cambio para quienes dependían exclusivamente del TPS será la pérdida de la protección migratoria y, conforme a las fechas y disposiciones aplicables a cada caso, de la autorización para trabajar. El riesgo de quedar expuestos a procedimientos migratorios aumenta, particularmente para quienes no tengan otra vía legal de permanencia. El Consejo Nacional de Protección al Hondureño Migrante y la red consular han preparado mecanismos de orientación para acompañar a los compatriotas que necesiten asistencia.
En el plano económico, el Gobierno hondureño descarta por ahora que la cancelación produzca automáticamente un desplome de las remesas. La razón es que la terminación del TPS no significa que los más de 55.000 beneficiarios abandonarán Estados Unidos de manera simultánea. No obstante, el impacto potencial a mediano plazo continúa siendo una preocupación debido al peso que tienen las remesas en la economía nacional y al riesgo de pérdida de ingresos para familias hondureñas si aumentan los retornos o disminuyen los envíos.
La administración de Asfura ya había llevado el reclamo directamente a Washington. El 30 de junio, el mandatario envió una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que solicitó un período adicional, razonable y claramente delimitado de transición. La propuesta contempla también mantener temporalmente los permisos de empleo y explorar una ampliación de visas laborales para hondureños afectados por el fin del TPS.
La petición hondureña toma en cuenta que muchos beneficiarios llevan más de dos décadas en Estados Unidos, donde han formado familias, comprado viviendas, creado negocios y construido redes económicas y sociales. Asfura argumentó que una salida abrupta podría provocar separación familiar, pérdida de empleos y dificultades económicas, por lo que planteó a Washington mecanismos legales y administrativos que permitan una transición gradual y humanitaria.
Mientras continúa la gestión diplomática, Honduras prepara también un eventual escenario de retorno. La estrategia interinstitucional coordinada por el Conaprohm busca facilitar asistencia consular, orientación jurídica y programas de reintegración para quienes finalmente decidan regresar. Así, el desafío para Tegucigalpa se desarrolla en dos frentes: conseguir ante Estados Unidos una transición que reduzca el impacto de la cancelación y, al mismo tiempo, preparar al país para recibir dignamente a los hondureños que eventualmente regresen.
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