ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA.— El asesinato de Dereck McNeil James, ocurrido este lunes en Roatán, adquirió una nueva dimensión luego de que el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que el joven abogado y exfuncionario judicial era un testigo protegido relacionado con la investigación por la desaparición de Angie Samantha Peña Melgares.
McField fue atacado cuando se desplazaba en su camioneta, después de haber dejado a su hijo en la escuela. De acuerdo con los reportes preliminares, dos individuos que se movilizaban en una motocicleta habrían interceptado el vehículo y disparado contra el conductor. La víctima logró salir de la unidad e intentó ponerse a salvo, pero cayó gravemente herida y murió en la vía pública.
El crimen, que inicialmente había sido tratado como un homicidio ocurrido en circunstancias aún no esclarecidas, adquiere especial relevancia por la información que ahora se conoce sobre la participación de McField en el expediente de Angie Peña. La confirmación presidencial modifica sustancialmente el contexto en el que deberá ser investigada su muerte.
McField era hijo de la reconocida abogada Cludeth McNeil y había ejercido funciones como secretario del Juzgado de Paz de Roatán. Posteriormente desarrolló actividades relacionadas con el sector turístico de la isla, según los antecedentes difundidos tras su asesinato.
La condición de testigo protegido había trascendido inicialmente de manera extraoficial. De hecho, durante las primeras horas posteriores al homicidio, el subsecretario de Seguridad, Rommel Martínez, evitó confirmar o descartar que McField estuviera bajo un esquema de protección, argumentando que ese tipo de información corresponde al Ministerio Público y se mantiene bajo reserva.
La posterior confirmación de Asfura coloca ahora esa condición dentro de la investigación pública del homicidio. El principal interrogante será establecer si quienes atacaron a McNeil conocían su papel dentro del proceso judicial y si ese antecedente pudo constituir un motivo para ordenar su asesinato.
Esa posibilidad, sin embargo, todavía debe ser manejada como una línea de investigación y no como una conclusión. Hasta el momento no se ha presentado evidencia pública que permita afirmar que el homicidio fue ordenado para silenciar al testigo o que exista una conexión directa entre el ataque y las declaraciones que habría aportado en el caso de Angie Peña.
La muerte de McNeil ocurre, además, en un momento particularmente sensible para el expediente de la joven desaparecida. Angie Peña desapareció en Roatán en enero de 2022 mientras se encontraba en la isla, y el caso ha permanecido durante años bajo investigación, generando múltiples interrogantes sobre su paradero y sobre las circunstancias que rodearon su desaparición.
El asesinato podría llevar a los investigadores a revisar nuevamente determinadas actuaciones, testimonios y elementos incorporados al expediente, especialmente aquellos en los que McNeil pudiera haber tenido conocimiento directo. También será fundamental establecer qué información aportó, cuándo la proporcionó y quiénes conocían su condición de testigo protegido.
Mientras tanto, la Policía Nacional mantiene las investigaciones para identificar a los autores materiales e intelectuales del crimen. Tras el ataque se desplegaron operativos de saturación en diferentes puntos de Roatán con el propósito de localizar a los responsables, según reportes publicados este lunes.
La familia de Angie Peña también ha reaccionado ante la nueva situación. Michelle Melgares, madre de la joven desaparecida, publicó un mensaje en redes sociales en el que expresó preocupación por lo ocurrido en Roatán y recordó que su familia tuvo que abandonar Honduras, según reportes periodísticos difundidos tras el asesinato.
Ahora, la investigación enfrenta dos preguntas centrales: ¿quién ordenó matar a Dereck McNeil y por qué? Y, sobre todo, ¿existe alguna relación entre su condición de testigo protegido y el ataque que terminó con su vida? Las respuestas dependerán de las evidencias que logren reunir los investigadores y de las conclusiones que posteriormente establezcan el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales.
