TEGUCIGALPA, HONDURAS. El proceso judicial contra el general Roosevelt Hernández podría dar un giro este miércoles, cuando está prevista su audiencia de declaración de imputado. El exfiscal del Ministerio Público Aldo Santos no descartó que el juez pueda emitir una orden de captura si el exjefe del Estado Mayor Conjunto incumple el citatorio judicial, una posibilidad que dependerá de las decisiones que adopte el tribunal durante la diligencia.

La comparecencia quedó fijada para el 19 de agosto, después de que la audiencia inicialmente prevista para el 7 de agosto fuera reprogramada a petición de la defensa. La nueva fecha coloca nuevamente el expediente en el centro de la atención pública, mientras organizaciones defensoras de derechos humanos y representantes del gremio periodístico han reclamado que el proceso avance sin nuevas dilaciones.

La acusación presentada por el Ministerio Público el pasado 29 de julio atribuye a Hernández los presuntos delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales. La Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos sostiene que determinadas publicaciones y declaraciones realizadas durante su gestión al frente de las Fuerzas Armadas pudieron afectar el ejercicio de la libertad de prensa y los derechos de comunicadores.

Uno de los principales elementos incorporados al expediente corresponde a una publicación de mayo de 2025 titulada “Sicarios de la verdad”, difundida por el medio digital institucional de las Fuerzas Armadas. El contenido señalaba a los periodistas Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra, situación que posteriormente fue denunciada por los comunicadores y cuestionada por organizaciones defensoras de la libertad de expresión.

La Fiscalía también incorporó otros episodios a la investigación. Entre ellos figuran unas mantas colocadas en Tegucigalpa en agosto de 2025 con referencias a los periodistas y unas declaraciones realizadas por Hernández durante los actos del 15 de septiembre de ese año, cuando respondió a preguntas de medios de comunicación sobre la presencia del crimen organizado y llegó a decirle al periodista José Adán López que “podría ser” uno de ellos. Para el Ministerio Público, esos hechos forman parte de una conducta que habría afectado la reputación y el ejercicio profesional de los comunicadores.

Mientras tanto, la defensa de Hernández ha utilizado recursos legales para cuestionar el proceso. Uno de los recursos presentados fue declarado sin lugar y posteriormente un juez desestimó un recurso de reposición contra la admisión del requerimiento fiscal, por lo que la acción penal continúa vigente.

El expediente, sin embargo, atraviesa otro punto de controversia: organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que existen problemas con la foliación del expediente judicial, una situación que podría provocar dificultades para el desarrollo de la audiencia si la documentación no está debidamente integrada y notificada. La defensa de los periodistas sostiene, por su parte, que Hernández debe comparecer ante el tribunal en la fecha establecida.

La jornada de este miércoles será, por tanto, determinante para conocer el rumbo inmediato del caso. Una eventual orden de captura no debe darse por hecha, ya que dependerá de la valoración del juez y de las circunstancias que se presenten durante la audiencia. Hernández mantiene su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia mientras el proceso continúa, en un expediente que ha colocado nuevamente en el debate nacional la relación entre las instituciones armadas, la justicia y la libertad de prensa en Honduras.