Tegucigalpa, Honduras.— La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras ha provocado una fuerte reacción entre organizaciones que representan a los migrantes hondureños en Estados Unidos, que advierten sobre las consecuencias humanas, familiares y económicas de una medida que afecta a una comunidad asentada en ese país desde hace décadas. Aunque la decisión administrativa estadounidense fue anunciada en julio de 2025 y estableció el fin de la designación el 8 de septiembre de 2025, el caso ha continuado en los tribunales y su situación jurídica ha cambiado con distintas resoluciones.
Uno de los pronunciamientos más contundentes ha sido el de Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, quien calificó como una “triste noticia” el fallo que permitió avanzar nuevamente con la terminación del TPS. Flores advirtió que los beneficiarios quedan expuestos a perder sus empleos, ser detenidos y enfrentar procesos de deportación, y sostuvo que la decisión representa un duro golpe para familias hondureñas que durante años construyeron su vida en Estados Unidos.
Flores también ha dirigido sus críticas hacia el Gobierno hondureño. El dirigente migrante pidió al presidente Nasry Asfura utilizar los canales diplomáticos con Washington para plantear nuevamente la necesidad de una protección para los hondureños afectados. A su juicio, la respuesta de Honduras no puede limitarse a esperar el resultado de los tribunales estadounidenses, sino que debe buscar una salida política que permita proteger a una comunidad que, en muchos casos, lleva más de dos décadas en territorio estadounidense.
Desde la Alianza Nacional TPS, el coordinador José Palma ha mantenido igualmente la presión para impedir que la eliminación del programa se convierta en un hecho irreversible. La organización sostiene que las terminaciones fueron impugnadas judicialmente y ha defendido la permanencia de las protecciones para quienes han construido sus hogares y medios de vida en Estados Unidos durante largos períodos. La propia Alianza informó que una decisión del Noveno Circuito permitió que las terminaciones para Honduras, Nepal y Nicaragua avanzaran, dejando a unas 60,000 personas de los tres países en una situación de especial vulnerabilidad.
La preocupación de los dirigentes migrantes se relaciona también con el impacto que podría producir un eventual retorno masivo. Un análisis publicado por EFE estimó que la cancelación afecta significativamente a decenas de miles de hondureños que permanecen en Estados Unidos desde la implementación del TPS después del huracán Mitch. Muchos deberán buscar otras vías para regularizar su situación, mientras otros podrían verse obligados a regresar a Honduras, con las dificultades que eso implicaría para familias que ya establecieron su vida laboral y patrimonial en Estados Unidos.
El impacto no se limitaría al ámbito migratorio. Las remesas constituyen una fuente estructural de ingresos para los hogares hondureños, y el Banco Central de Honduras reportó que estos flujos contribuyeron al fortalecimiento de los depósitos de los hogares durante 2025. El BCH señaló que las remesas familiares aumentaron 25.3 % interanual a diciembre de 2025, reflejando su importancia para el ahorro y la capacidad financiera de las familias. Una reducción de los ingresos de los migrantes, ya sea por pérdida de empleo, retorno forzado o dificultades para continuar trabajando legalmente, podría terminar repercutiendo en el consumo de los hogares que dependen de esos recursos.
Para Honduras, el escenario plantea además un desafío social: qué hacer con los compatriotas que eventualmente regresen después de haber vivido 20 o 25 años en Estados Unidos. No se trata únicamente de recibir a personas deportadas, sino de generar oportunidades laborales, vivienda, educación para sus hijos, atención para familias separadas y mecanismos que permitan aprovechar las capacidades adquiridas por quienes han trabajado durante décadas en la economía estadounidense. El riesgo, advierten las organizaciones migrantes, es que una parte de esos retornos se produzca sin una estrategia suficiente de reinserción.
La controversia, sin embargo, todavía no puede considerarse completamente cerrada desde el punto de vista judicial. La información oficial de USCIS confirma que la designación de TPS para Honduras terminó el 8 de septiembre de 2025, pero también registra las posteriores órdenes y litigios que han afectado la implementación de esa terminación. Por ello, las organizaciones migrantes mantienen la presión política y legal, mientras miles de hondureños enfrentan una incertidumbre que podría definir su permanencia en Estados Unidos y tener repercusiones mucho más allá de las fronteras de ese país.
