TEGUCIGALPA, HONDURAS.— La atención política y judicial de Honduras se concentrará este martes en los tribunales, donde está previsto que continúe la audiencia inicial contra el expresidente Juan Orlando Hernández por el denominado caso Pandora II. La diligencia fue suspendida el pasado 12 de agosto después de que la defensa pidiera más tiempo para revisar los medios de prueba presentados por la Fiscalía.

La nueva comparecencia colocará nuevamente frente a frente a la defensa, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, en un expediente que investiga el supuesto desvío y utilización irregular de recursos públicos. Según la acusación fiscal, Hernández enfrenta cargos por fraude y lavado de activos relacionados con más de 62 millones de lempiras que habrían sido utilizados, entre otros fines, para financiar actividades vinculadas con su campaña política.

Uno de los puntos que puede generar mayor controversia será la respuesta de los abogados de Hernández a las evidencias incorporadas al expediente. La Fiscalía ha presentado decenas de elementos probatorios y la defensa tendrá que exponer sus objeciones después del plazo adicional concedido por el tribunal. El resultado de esa discusión podría determinar si el proceso avanza hacia una etapa posterior con una base probatoria que el juez considere suficiente.

El caso llega a esta etapa en circunstancias extraordinarias. Hernández regresó a Honduras a finales de julio después de que el presidente estadounidense Donald Trump le concediera un indulto que puso fin a la condena de 45 años que cumplía en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico. Ese indulto no eliminó las acusaciones pendientes en Honduras, ya que Pandora II corresponde a un proceso diferente y de jurisdicción hondureña.

Otro elemento que estará bajo escrutinio será la situación cautelar del exmandatario. El Ministerio Público y la PGR solicitaron inicialmente la detención judicial al argumentar, entre otros aspectos, un supuesto riesgo de fuga; sin embargo, el juez resolvió que Hernández enfrente el proceso en libertad bajo medidas cautelares distintas a la prisión. Esta decisión ya provocó posiciones encontradas entre quienes consideran que existen razones para mantenerlo privado de libertad y quienes sostienen que debe prevalecer el principio de presunción de inocencia.

La controversia también se extiende al contenido de la acusación. De acuerdo con la investigación de UFERCO, los fondos presuntamente desviados habrían salido de instituciones públicas y terminado en estructuras utilizadas para diferentes gastos relacionados con actividades políticas. La Fiscalía sostiene que el monto supera los 62 millones de lempiras, mientras que la defensa ha cuestionado la acusación y ha planteado que existe un componente de persecución política.

El expediente, además, tiene una dimensión política porque Hernández no es el único exfuncionario mencionado en la investigación original. La acusación de Pandora II incluyó al también expresidente Porfirio Lobo Sosa y a otros exfuncionarios, aunque la situación procesal de varios de ellos ha cambiado y la Corte de Apelaciones confirmó recientemente el sobreseimiento definitivo a favor de Lobo Sosa. El proceso contra Hernández, sin embargo, permanece abierto.