El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) pidió este jueves a la Cancillería de Honduras activar de manera inmediata un protocolo de asistencia consular para atender el caso de Bryan Omar Sánchez, hondureño de 31 años que fue deportado desde Estados Unidos hacia Bangui, capital de la República Centroafricana. La institución considera prioritario conocer directamente su situación y garantizar que sus derechos sean respetados.
La solicitud surge después de que Sánchez relatara públicamente las circunstancias de su traslado y las condiciones que enfrenta en territorio africano. Según un reportaje de EL PAÍS, el hondureño permanece en un alojamiento de Bangui junto a otros migrantes deportados y asegura que tiene restricciones para salir del lugar, además de enfrentar dificultades relacionadas con el idioma, el acceso a servicios básicos y la distancia con su familia.
Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, señaló que una de las primeras acciones del Estado hondureño debe ser comprobar personalmente las condiciones físicas de Sánchez y determinar si requiere atención médica, alimentación, documentación u otro tipo de asistencia humanitaria. La recomendación adquiere relevancia ante las dificultades que el propio migrante ha descrito desde su llegada a Bangui.
Entre las medidas planteadas aparece también la emisión de un pasaporte hondureño, debido a que la falta de documentación válida puede convertirse en un obstáculo para que Sánchez pueda movilizarse internacionalmente. El Conadeh sostiene que contar con un documento que acredite su nacionalidad es fundamental si pretende gestionar una salida de la República Centroafricana o buscar una alternativa para reunirse con sus familiares.
El caso comenzó a tomar relevancia internacional después de que Sánchez y otros migrantes fueran enviados desde Estados Unidos hacia África. De acuerdo con su testimonio recogido por EL PAÍS, el hondureño había vivido durante años en Estados Unidos y fue trasladado desde distintos centros de detención antes de ser enviado en un vuelo que terminó en Bangui el 1 de agosto.
La organización hondureña también hizo énfasis en que cualquier decisión relacionada con un eventual retorno de Sánchez debe tomar en cuenta su voluntad y sus circunstancias personales. Según la información difundida por el Conadeh, el Estado no debería limitarse a gestionar su traslado, sino garantizar previamente que se respeten sus derechos y que las decisiones adoptadas no lo expongan nuevamente a situaciones de riesgo.
El pronunciamiento ocurre en un contexto de creciente preocupación por la situación de los hondureños afectados por los procesos migratorios. El propio Conadeh informó en junio que entre los primeros 145 días de 2026 fueron registradas 19,049 personas retornadas al país, frente a 15,614 durante el mismo período de 2025, lo que representó un aumento aproximado del 22 %.
Mientras se espera una respuesta de las autoridades hondureñas, el caso de Bryan Sánchez coloca nuevamente sobre la mesa la necesidad de una protección consular efectiva para los migrantes hondureños, especialmente cuando son trasladados a países con los que Honduras tiene una presencia diplomática limitada. Para el Conadeh, la prioridad inmediata es localizarlo, verificar su estado, atender sus necesidades básicas, facilitarle documentación y garantizar que cualquier decisión sobre su futuro sea adoptada respetando sus derechos.
