La controversia judicial alrededor de las actuaciones de la antigua Comisión Permanente del Congreso Nacional sumó este jueves un nuevo capítulo, luego de que la defensa de Luis Redondo presentara un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La acción pretende que se garantice a los abogados el acceso al expediente de la investigación que desarrolla el Ministerio Público contra el exfuncionario y otros integrantes de ese órgano legislativo.

El reclamo de la defensa tiene como antecedente una resolución del Ministerio Público que había rechazado el acceso de Redondo y otros investigados a la documentación de las pesquisas. En junio, el ente acusador confirmó que reconocía la representación legal de los abogados, pero mantuvo bajo reserva el expediente, decisión que fue cuestionada por los defensores.

Paralelamente, el proceso continúa avanzando en la vía de las diligencias prejudiciales solicitadas ante el Poder Judicial. El Ministerio Público pidió autorización para incorporar un perito encargado de analizar material audiovisual correspondiente a una sesión del Congreso Nacional celebrada el 8 de enero de 2026, dentro de una investigación relacionada con las actuaciones de la Comisión Permanente.

El nombramiento del experto, sin embargo, enfrenta objeciones de las partes investigadas. Ante esa situación, el juez natural solicitó al Ministerio Público precisar cuáles serán exactamente los parámetros, alcances y procedimientos que aplicará el perito durante su intervención, antes de resolver sobre la juramentación solicitada por la Fiscalía.

La investigación de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) busca determinar si integrantes de la extinta Comisión Permanente incurrieron en posibles actuaciones que excedieron las facultades establecidas por la Constitución y las leyes. Entre los hechos bajo análisis aparecen decisiones adoptadas durante el período legislativo anterior y actuaciones vinculadas con el proceso electoral de 2025.

El expediente también está relacionado con el polémico Decreto 58-2025, mediante el cual Redondo y miembros de la Comisión Permanente pretendieron que el Consejo Nacional Electoral realizara nuevamente un conteo de votos de las elecciones generales de 2025, asunto que posteriormente quedó incorporado a las líneas de investigación fiscal.

Aunque la Comisión Permanente fue eliminada mediante una reforma constitucional aprobada en abril de 2026, su desaparición no puso fin a las investigaciones sobre las decisiones adoptadas mientras estuvo vigente. De hecho, en julio la Fiscalía rechazó por inadmisible un recurso de apelación presentado por integrantes de la extinta comisión, permitiendo que las diligencias continúen.

Ahora, la atención se concentra en la respuesta que deberá dar la Sala de lo Constitucional de la CSJ al recurso presentado por la defensa de Redondo y en la determinación del juez natural sobre la participación del perito. Mientras tanto, las diligencias fiscales permanecen en desarrollo y la defensa insiste en que necesita conocer el expediente para ejercer plenamente las garantías correspondientes dentro de la investigación.