El presidente Nasry Asfura colocó la inversión y la libre competencia como elementos centrales de su política económica al participar este miércoles en el foro “Honduras: Hacia una Competencia Efectiva”, organizado por la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC), en el marco del Día Nacional de la Libre Competencia. El mandatario sostuvo que el país debe ofrecer condiciones previsibles a quienes decidan invertir y generar empleo.
Desde la perspectiva del Ejecutivo, un mercado competitivo no solamente beneficia a las empresas, sino que también tiene efectos directos sobre los consumidores. Asfura sostuvo que la competencia incentiva a los negocios a mejorar sus productos y servicios, impulsa la innovación y amplía las alternativas disponibles para la población.
El gobernante resumió esa visión al señalar que la competencia efectiva constituye una herramienta para producir “más oportunidades, mejores precios, mayor calidad, innovación y empleo”. A su criterio, cuando las empresas enfrentan condiciones de competencia, aumentan los incentivos para elevar su productividad y responder a las necesidades de los consumidores.
La apuesta oficial también contempla una relación más directa entre inversión y generación de puestos de trabajo. Asfura planteó que la llegada de capital, tanto hondureño como extranjero, debe traducirse en proyectos productivos capaces de ampliar las oportunidades económicas. El Banco Central de Honduras reportó que la economía nacional creció 3.8 % durante 2025, mientras sus proyecciones para 2026-2027 contemplan la continuidad de la actividad productiva y de la inversión.
En ese escenario, el presidente definió al Estado como un facilitador y no como un obstáculo para la inversión. “Este Gobierno es amigo de la inversión”, afirmó, al explicar que su administración pretende atender a los empresarios y facilitar los procedimientos necesarios para que los proyectos puedan ejecutarse y contribuir al crecimiento económico.
Asfura hizo particular énfasis en el capital hondureño y llamó a fortalecer la inversión nacional como uno de los motores del desarrollo. Sin embargo, también reconoció que Honduras necesita atraer recursos procedentes del exterior para acelerar su expansión económica. El BCH ha señalado que la inversión extranjera directa ha mostrado una recuperación gradual en el período posterior a la pandemia, con presencia importante en servicios financieros, manufactura y comercio.
Para que ese objetivo pueda concretarse, el mandatario consideró indispensable garantizar reglas claras, instituciones fuertes, transparencia y seguridad jurídica. Su planteamiento es que las normas deben aplicarse de manera objetiva y sin conceder ventajas particulares a determinados grupos empresariales o inversionistas.
“Este es un Gobierno que no tiene preferencia por nadie, por ningún inversionista”, sostuvo Asfura, al defender la necesidad de establecer condiciones similares para quienes participen en la economía hondureña. La premisa oficial es que un entorno sin privilegios puede estimular una competencia más abierta y favorecer la llegada de nuevos emprendimientos.
Desde la CDPC, Analina Montes destacó la importancia de mantener esa orientación institucional. La funcionaria sostuvo que la existencia de reglas previsibles contribuye a generar confianza, condición que considera fundamental para atraer inversiones, ampliar el empleo y crear nuevas oportunidades para los hondureños.
Montes también reconoció los esfuerzos que, según la Comisión, está realizando la actual administración para mejorar el ambiente de inversión. Afirmó que Honduras está recuperando confianza y buscando colocarse nuevamente en mejores condiciones para competir, aunque advirtió que todavía existe trabajo pendiente para eliminar obstáculos que dificultan la actividad empresarial.
El desafío, de acuerdo con la CDPC, pasa ahora por reducir barreras, simplificar procesos y ofrecer mayor certeza jurídica a las empresas que ya operan en Honduras y a los inversionistas que evalúan ingresar al mercado. La Comisión tiene precisamente entre sus funciones la defensa y promoción de la competencia en las distintas áreas de la actividad económica nacional.
La jornada dejó así planteada una hoja de ruta basada en competencia, inversión y generación de empleo, aunque el reto será convertir los compromisos anunciados en resultados concretos. Para el Gobierno, la ecuación es directa: mayor confianza, reglas iguales y menos obstáculos deberían traducirse en más inversión y crecimiento; para las autoridades de competencia, el desafío consiste en garantizar que ese crecimiento ocurra dentro de mercados abiertos y sin prácticas anticompetitivas.
