La Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH) obtuvo la imposición de medidas cautelares contra Carlos Eduardo Llopis Hernández, señalado por la presunta comisión de los delitos de coacciones y privación ilegal de la libertad en perjuicio de dos comunicadores sociales.
La resolución fue adoptada durante la audiencia de Declaración de Imputado celebrada en el Juzgado de Letras Seccional de Puerto Cortés, donde el órgano jurisdiccional analizó los elementos expuestos por el Ministerio Público.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, los hechos afectan al periodista Cristhian Joel Rowe y al comunicador social Arnold Bejarano de la O., quienes habrían sido víctimas de acciones intimidatorias tras la emisión de comentarios vinculados a temas de interés público.
El juez determinó imponer medidas conforme al artículo 173 del Código Procesal Penal, entre ellas la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse mensualmente ante la secretaría del juzgado.
Asimismo, el imputado no podrá acercarse a los ofendidos ni visitar establecimientos donde se comercialicen bebidas alcohólicas, decisión fundamentada en la gravedad objetiva de los hechos y el riesgo procesal advertido.
Según la investigación, Llopis Hernández se habría presentado a las instalaciones del medio de comunicación y procedido a cerrar con candado el portón principal del inmueble.
Además, colocó un rótulo con contenido ofensivo, acción que provocó que el operador de transmisión quedara encerrado dentro del edificio sin posibilidad de salir, afectando su libertad ambulatoria.
El expediente señala que posteriormente el imputado habría enviado mensajes con expresiones insultantes y racistas dirigidos al periodista afectado.
También se le atribuye la difusión de un video en el que mostraba las llaves del candado, adjudicándose la acción de haber impedido la transmisión del medio.
Para la fiscalía, esta conducta constituye una reacción violenta e intimidatoria frente al ejercicio del periodismo, lo que configura un ataque directo contra la libertad de expresión.
El Ministerio Público reiteró que este tipo de hechos atentan contra pilares fundamentales de la sociedad democrática y no pueden quedar impunes.
En ese sentido, la institución reafirmó su compromiso de investigar y promover la acción penal en todos los casos donde se registren agresiones, amenazas o intimidaciones contra periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia.
