La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo en Honduras de Transparencia Internacional, denunció este miércoles un presunto esquema de irregularidades administrativas relacionado con la transferencia y ejecución de más de 113 millones de lempiras por parte de instituciones estatales a la Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD) Jóvenes Metas.

De acuerdo con los hallazgos expuestos por la organización, la auditoría social realizada durante varios meses identificó posibles inconsistencias en la forma en que se suscribieron y ejecutaron diversos convenios financiados con recursos públicos a través de entidades del sector social.

Según la investigación, las transferencias fueron gestionadas principalmente mediante acuerdos impulsados desde la entonces Secretaría de Desarrollo Social y programas vinculados a la asistencia social, los cuales habrían permitido la canalización de fondos hacia proyectos cuya ejecución presenta observaciones administrativas y financieras.

ASJ sostiene que la organización beneficiada fue creada originalmente con fines relacionados al fortalecimiento de capacidades juveniles, arte, cultura y formación laboral. Sin embargo, la auditoría señala que posteriormente habría participado en actividades y adquisiciones de naturaleza muy diversa, incluyendo compras de equipos tecnológicos, organización de eventos, adquisición de alimentos, juguetes y otros bienes.

Uno de los principales cuestionamientos planteados por la organización se refiere al uso de convenios para la adquisición de bienes y servicios sin recurrir a procesos competitivos de contratación pública. Según el informe, gran parte de las operaciones observadas se realizaron mediante mecanismos que habrían evitado los procedimientos ordinarios establecidos en la legislación hondureña.

La ASJ también denunció que varios de los desembolsos se efectuaron mediante pagos únicos que representaban el cien por ciento del monto contratado, una práctica que, según la organización, limitó los controles y mecanismos de supervisión sobre la ejecución de los recursos públicos.

Entre los casos señalados figura un convenio por aproximadamente 27 millones de lempiras destinado a la adquisición de computadoras portátiles y calzado para programas educativos. La auditoría cuestiona la existencia de posibles conflictos de interés relacionados con funcionarios que participaron simultáneamente en distintos niveles de aprobación y supervisión del proyecto.

La investigación sostiene que parte de los equipos tecnológicos adquiridos fueron entregados a dependencias estatales sin que existan registros completos de los beneficiarios finales. Asimismo, señala inconsistencias documentales en procesos de distribución realizados en centros educativos de distintas regiones del país.

Otro de los convenios examinados corresponde a un programa valorado en más de 12 millones de lempiras orientado a apoyar a mujeres emprendedoras mediante la entrega de equipo tecnológico y productivo. Según la ASJ, durante la revisión se identificaron observaciones relacionadas con la distribución geográfica de los bienes y con la documentación utilizada para acreditar las entregas.

La organización asegura que algunas actas de recepción presentan anomalías administrativas, incluyendo registros que habrían sido firmados por personas menores de edad y beneficiarios que no corresponderían a la población objetivo definida inicialmente en los proyectos.

Además de las observaciones sobre la entrega de bienes, el informe señala que una parte de los fondos transferidos carece de liquidación completa o presenta documentación insuficiente para acreditar adecuadamente el uso de los recursos asignados.

La auditoría también hace referencia a la presentación de informes de liquidación en fechas cercanas al cierre del período gubernamental anterior. Según la organización, varias de estas entregas documentales fueron realizadas durante los últimos días de la administración saliente, circunstancia que consideran relevante para futuras investigaciones.

Ante los hallazgos identificados, la ASJ manifestó su preocupación por lo que considera una práctica que pudo haber debilitado los controles destinados a garantizar la transparencia y la correcta administración de fondos públicos dirigidos a programas sociales.

La organización instó al Tribunal Superior de Cuentas y al Ministerio Público a iniciar las investigaciones correspondientes para determinar si existieron responsabilidades administrativas, civiles o penales derivadas de las actuaciones señaladas en el informe.

Finalmente, ASJ pidió al Gobierno revisar los mecanismos mediante los cuales se ejecutan convenios con organizaciones no gubernamentales y fortalecer los procesos de contratación y supervisión pública. La organización sostuvo que la transparencia en el uso de los recursos estatales resulta fundamental para garantizar que los programas sociales lleguen efectivamente a las poblaciones más vulnerables del país.