En una conferencia de prensa realizada por autoridades del Gobierno y representantes de la comisión de energía del Congreso Nacional, se ratificó de forma categórica que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) no será objeto de privatización dentro del proceso de reforma del subsector eléctrico.

Las autoridades del sector energético subrayaron que el proyecto en discusión en el Congreso contempla una reorganización técnica y financiera de la estatal, pero manteniendo su carácter público y la propiedad de sus activos bajo control del Estado hondureño.

De acuerdo con lo expresado, la iniciativa legislativa incluye salvaguardas jurídicas que garantizan que la ENEE conservará la titularidad de la infraestructura eléctrica nacional, descartando cualquier esquema de venta o transferencia al sector privado.

El planteamiento oficial sostiene que la reforma no busca desmantelar la empresa estatal, sino fortalecer su funcionamiento mediante una modernización del sistema eléctrico y una reestructuración de sus áreas operativas.

En ese sentido, los funcionarios explicaron que el objetivo central es ordenar las finanzas de la ENEE, reducir pérdidas operativas y mejorar la eficiencia administrativa, en un contexto de dificultades económicas acumuladas en el sector energético.

Asimismo, se destacó que el proyecto busca crear condiciones que permitan atraer inversión privada complementaria, pero sin que ello implique la pérdida del control estatal sobre la generación, transmisión y distribución de la energía.

Otro de los ejes mencionados durante la conferencia es la intención de garantizar un servicio eléctrico más estable para la población hondureña, reduciendo la frecuencia de apagones que han afectado a distintos sectores del país.

Las autoridades también afirmaron que la reforma tiene como meta estratégica lograr tarifas más accesibles para los usuarios, a partir de una mejora en la eficiencia del sistema y la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas.

Desde el Congreso Nacional, miembros de la comisión de energía respaldaron la postura del Ejecutivo, señalando que el proceso de socialización de la iniciativa ha permitido aclarar dudas sobre su alcance y objetivos reales.

Finalmente, tanto el Gobierno como el Legislativo reiteraron su compromiso de mantener la ENEE como una empresa estatal, asegurando que la reforma busca su rescate institucional y no su privatización, en beneficio de la estabilidad energética del país.