Este viernes, el general en condición de retiro Mario Hung Pacheco, en su rol de coordinador general de la organización civil Defensores de Honduras, presentó oficialmente ante el Congreso Nacional un proyecto de ley denominado “Amnistía Política por Persecución y Judicialización de Acciones sin Respaldo Jurídico y Medios de Pruebas Confiables”.
La iniciativa fue entregada a los diputados Kilvett Zabdiel Bertrand y Luz Ernestina Mejía, representantes de los partidos Nacional y Liberal, respectivamente y se sustenta en principios constitucionales como la convivencia pacífica, la reconciliación nacional, la seguridad jurídica y el debido proceso, pilares que, a su juicio, deben guiar cualquier política de justicia en el país.
Hung Pacheco argumentó que la amnistía contribuiría a solventar situaciones generadas por procesos judiciales que, según él, adolecieron de pruebas confiables o motivaciones jurídicas débiles.
La entrega formal del documento tuvo lugar durante una ceremonia promovida por Defensores de Honduras, en la cual se rindió homenaje a diversos actores sociales por su compromiso con la defensa de la democracia y el Estado de Derecho. En ese contexto, Hung Pacheco defendió la iniciativa como una “política humanitaria, profesional y objetiva” orientada a promover la reconciliación.
El diputado Kilvett Bertrand se comprometió a estudiar con seriedad el contenido del proyecto y a socializarlo con sus colegas legisladores, describiéndolo como una iniciativa emanada de la sociedad civil y “no solo una ley de amnistía, sino una garantía de justicia sin abusos”.
Según los considerandos incluidos en el texto de la ley, la amnistía propuesta sería general e incondicional para personas que hayan sido investigadas, procesadas o condenadas, especialmente cuando existan indicios de motivación ideológica en el proceso, pruebas endebles o duda razonable sobre la veracidad de los cargos.
La propuesta abre un debate sobre el equilibrio entre la justicia transicional y la garantía de derechos fundamentales en Honduras, en un momento en que distintos sectores de la sociedad han demandado claridad y equidad en la aplicación de la ley a procesos judiciales de carácter político.
