SAN SALVADOR / PUERTO PRÍNCIPE. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió este sábado 31 de octubre a las acusaciones sobre presuntos bombardeos contra población civil en Haití, atribuidos a las fuerzas militares salvadoreñas desplegadas en ese territorio. Mediante una publicación en su cuenta de X, el mandatario rechazó los señalamientos y puso en duda la cronología de los hechos descritos en un informe difundido por una organización no gubernamental.
La reacción presidencial se produjo después de que la Asociación Naciones Unidas-Haití (UNA-Haití), encabezada por Harvey Dupiton, remitiera una comunicación al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. En el documento, la organización denunció supuestos ataques aéreos, operaciones con helicópteros artillados y ofensivas con armamento pesado en sectores residenciales de Croix-des-Bouquets, Canaan y Plaine du Cul-de-Sac.
En su respuesta, Bukele cuestionó que se atribuyan bombardeos a una misión que, según afirmó, no dispone de bombas. También negó que sus fuerzas hayan realizado ataques aéreos y sostuvo que los helicópteros de ataque salvadoreños llegaron a Haití hasta el 29 de octubre, por lo que consideró imposible que hubieran participado en operaciones anteriores a esa fecha.
El mandatario agregó que el informe cuestionado fue fechado el 28 de octubre, mientras que las aeronaves militares salvadoreñas arribaron al territorio haitiano un día después. Según su versión, hasta el sábado 31 de octubre los helicópteros no habían efectuado ninguna misión de vuelo. Bukele utilizó esta diferencia de fechas para desacreditar los señalamientos y acusó a determinadas organizaciones de difundir información falsa con influencia sobre instituciones internacionales.
Por su parte, la organización haitiana sostiene que los supuestos ataques habrían comenzado desde el 22 de octubre y que habrían afectado a comunidades donde viven familias y menores de edad. Su fundador, Harvey Dupiton, solicitó a Naciones Unidas investigar las denuncias sobre posibles víctimas civiles y examinar la actuación de las fuerzas extranjeras. Es importante precisar que UNA-Haití no es un organismo oficial de Naciones Unidas y que las acusaciones y la respuesta presidencial no han sido verificadas de manera independiente.
La controversia ocurre en medio de una operación militar salvadoreña de gran magnitud. De acuerdo con Reuters, alrededor de 2,000 soldados de ese país se encontraban desplegados en Haití, con una cifra prevista que podría alcanzar los 2,500 efectivos. El Gobierno de Bukele sostiene que el objetivo principal es localizar y rescatar a cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos después de una emboscada de grupos armados ocurrida el 18 de octubre en las proximidades de Puerto Príncipe.
Sin embargo, el tamaño del contingente y las condiciones de su participación han generado interrogantes entre especialistas internacionales. Reuters señaló que todavía existían dudas sobre la estructura de mando y las reglas de enfrentamiento de las tropas salvadoreñas, mientras expertos advierten que una intervención militar de mayor alcance podría incrementar los riesgos para la población civil en un país que ya enfrenta una profunda crisis institucional y de seguridad.
La disputa entre Bukele y las organizaciones denunciantes coloca nuevamente bajo escrutinio internacional la intervención salvadoreña en Haití. Mientras el presidente defiende la legitimidad de su operación y rechaza las acusaciones, permanece pendiente la necesidad de esclarecer de manera independiente qué ocurrió en las comunidades señaladas, determinar si existieron víctimas civiles y establecer con precisión las actividades realizadas por las fuerzas desplegadas. La protección de la población haitiana y el respeto al derecho internacional humanitario continúan siendo elementos centrales de esta controversia.
