La presentación del informe del Mecanismo de Incidencia Ciudadana del CNA partió de un diagnóstico contundente: el Congreso Nacional inició el período 2022–2026 bajo una crisis de legitimidad que nunca logró superar. La conflictiva instalación parlamentaria no fue un episodio aislado, sino el punto de partida de una dinámica institucional deteriorada que condicionó todo el ciclo legislativo.
El análisis del MIC subraya que las tensiones, bloqueos y fallas no respondieron a coyunturas políticas puntuales, sino a problemas estructurales persistentes. La gobernabilidad parlamentaria, la transparencia y el rendimiento institucional mostraron déficits acumulados que se profundizaron con el paso del tiempo.
Desde el inicio hasta el cierre del período, el Congreso evidenció una pérdida progresiva de confianza ciudadana. La ausencia de consensos básicos y la incapacidad de encauzar los conflictos internos debilitaron su rol como espacio de representación plural.
La gestión parlamentaria estuvo atravesada por decisiones improvisadas y reglas aplicadas de manera discrecional. El MIC documenta cómo la falta de previsibilidad institucional afectó la planificación legislativa y la calidad de las decisiones adoptadas.
Uno de los hallazgos centrales del informe es la consolidación de la opacidad como norma. El acceso a la información pública fue obstaculizado de forma reiterada, convirtiendo la transparencia en una concesión política y no en una obligación constitucional.
Resistencia al control ciudadano
El Congreso operó bajo una lógica defensiva frente a la veeduría social. La fiscalización ciudadana fue tratada como una amenaza, y no como un componente esencial del sistema democrático, lo que elevó los riesgos de corrupción y clientelismo.
La falta de datos desagregados sobre el uso de recursos públicos impidió un escrutinio efectivo. El MIC advierte que esta práctica debilitó la rendición de cuentas y dificultó evaluar el impacto real del gasto legislativo.
El informe señala que numerosas decisiones se adoptaron sin debate abierto ni consulta amplia. Esta forma de operar redujo los espacios de discusión plural y afectó la calidad democrática del proceso legislativo.
Alto costo, bajo rendimiento
El Congreso absorbió recursos públicos significativos sin traducirlos en resultados proporcionales. La relación entre presupuesto y desempeño revela una ineficiencia institucional grave que recae directamente sobre la ciudadanía.
El MIC documentó un desarrollo limitado de sesiones y una recurrencia de inasistencias sin sanción. Esta práctica consolidó una cultura de impunidad política incompatible con las responsabilidades constitucionales del Legislativo.
Aunque se aprobaron iniciativas, muchas carecieron de alcance estructural. La baja calidad y pertinencia de la producción legislativa contrastó con las demandas sociales acumuladas.
La suspensión frecuente de sesiones y el recurso extensivo a la Comisión Permanente distorsionaron el diseño constitucional. El tiempo legislativo, advierte el informe, fue tratado como un recurso político y no como un bien público.
Estas prácticas redujeron la representación efectiva y concentraron el poder en pocos actores. El principio de deliberación democrática quedó subordinado a cálculos coyunturales.
La reducción del debate parlamentario afectó directamente el derecho ciudadano a ser representado. La negación indirecta de este derecho erosionó la legitimidad del Congreso como órgano central del Estado.
Pese a los obstáculos, el MIC demostró que la incidencia ciudadana organizada es viable y necesaria. La documentación sistemática del desempeño legislativo llenó vacíos de información y promovió el debate público.
El informe subraya que el MIC no sustituyó funciones institucionales. Su labor aportó evidencia técnica para la rendición de cuentas y confirmó que el control social fortalece, y no debilita, la institucionalidad.
El deterioro observado responde a la ausencia de consecuencias frente al incumplimiento de deberes. La falta de responsabilidad individual y colectiva consolidó una cultura de impunidad dentro del Congreso.
Advertencia sobre la repetición del modelo
El MIC advierte que, sin reformas estructurales y compromisos verificables, las prácticas documentadas tenderán a reproducirse más allá de los cambios partidarios o de liderazgo.
Disyuntiva para el nuevo Congreso
El próximo período legislativo enfrenta una decisión histórica: persistir en un modelo cerrado y opaco o reorientar su funcionamiento hacia la transparencia y la apertura institucional.
La conclusión del informe es clara: la veeduría ciudadana no es una amenaza al Congreso Nacional, sino una condición indispensable para su legitimidad democrática y para la salud de la democracia hondureña.
