En un hecho que marcará un antes y un después en el periodismo costarricense, el Congreso de Costa Rica derogó los artículos de la Ley de Imprenta que imponían sanciones penales a periodistas por injuria, calumnia o por difundir contenidos considerados subversivos. La aprobación se concretó el martes por unanimidad y fue calificada como un «cambio histórico» por el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex).

El artículo 7 de la Ley de Imprenta establecía penas de hasta 120 días de arresto para periodistas y editores implicados en delitos de calumnia o injuria, mientras que el artículo 8 castigaba con la misma medida a quienes publicaran contenidos que pudieran alterar el orden público o las relaciones diplomáticas con otros países. Ambas disposiciones, vigentes desde hace más de un siglo, fueron eliminadas.

Para Iplex, esta reforma no es simplemente un ajuste legal: simboliza el reconocimiento de que en una democracia consolidada, los debates y las ideas —incluso las más incómodas— deben resolverse mediante argumentos y no a través de castigos penales. La institución subrayó que la medida alinea la legislación costarricense con estándares internacionales de libertad de expresión.

Los defensores de la libertad de prensa destacan que esta decisión representa un triunfo de periodistas, juristas y activistas que durante décadas señalaron el anacronismo de la Ley de Imprenta. La medida confirma que la crítica y la investigación periodística deben desarrollarse sin el temor a represalias legales penales.

Más allá de lo simbólico, la derogación de los artículos 7 y 8 permite a los profesionales de la comunicación ejercer su labor con mayor seguridad jurídica, garantizando que las controversias se ventilen en tribunales civiles y no en el ámbito penal, lo que fortalece la independencia del periodismo en Costa Rica.

«Hoy celebramos una victoria institucional que fortalece la prensa libre, crítica y responsable, pilar esencial de toda república democrática», afirmó el Iplex. La organización resaltó que este logro, veinte años después de haber sido propuesto, evidencia que la constancia y la defensa de los derechos fundamentales generan resultados tangibles.

Con esta reforma, Costa Rica se une a la tendencia internacional de proteger la libertad de prensa y de ajustar legislaciones obsoletas a los principios democráticos modernos. La medida refuerza el papel del periodismo como vigilante de la transparencia y garante del derecho ciudadano a la información.