En el marco del fortalecimiento institucional y el respeto a la libertad de expresión, el diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, presentó ante el Congreso Nacional una iniciativa de ley orientada a regular el uso de las cadenas nacionales obligatorias, mediante la reforma del artículo 10 de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones.

La propuesta busca establecer reglas claras y precisas para la emisión de este mecanismo, reservándolo exclusivamente para casos excepcionales definidos por ley, con el fin de equilibrar el deber del Estado de informar y el respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Durante su intervención en el hemiciclo legislativo, Rivera Callejas subrayó que gobernar implica comunicar con responsabilidad, evitando la imposición reiterada de contenidos que interrumpen de forma obligatoria la programación de los medios de comunicación.

El congresista señaló que la iniciativa surge como respuesta a una preocupación ciudadana ampliamente expresada por el uso frecuente de las cadenas nacionales, que afectan el derecho de los hondureños a decidir qué contenidos consumir.

“¿Cuántos hondureños nos dicen que estaban viendo una película, un partido o una noticia, y que se les interrumpe obligatoriamente la programación?”, cuestionó el diputado, al tiempo que insistió en la necesidad de modernizar la comunicación estatal.

Rivera Callejas aclaró que el proyecto no está dirigido contra ningún gobierno en particular, sino que pretende establecer una norma permanente con visión de futuro, capaz de prevenir excesos y fortalecer la institucionalidad democrática.

La iniciativa establece que únicamente la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) podrá solicitar la cadena nacional, y solo en situaciones específicas como emergencias debidamente declaradas, hechos de extrema urgencia o comunicaciones cívico-institucionales estrictamente necesarias.

Asimismo, la propuesta prohíbe de manera expresa el uso de las cadenas con fines propagandísticos, partidarios o personales, limita su duración a un máximo de cinco minutos y evita su repetición en un mismo día por un mismo tema.

“Gobernar es convencer, no imponer”, concluyó el legislador, reiterando que la reforma busca proteger el derecho de los hondureños a informarse sin interrupciones arbitrarias y promover una relación más respetuosa entre el Estado, los medios de comunicación y la ciudadanía.