El Congreso Nacional, presidido por el diputado Tomás Zambrano, aprobó por unanimidad la venta del avión presidencial Embraer Legacy 600, matrícula FAH-001, mediante un proceso transparente que se realizará conforme a las normas legales vigentes, ya sea por subasta pública u otros mecanismos de comercialización establecidos en la ley.

La decisión legislativa marca un giro simbólico y financiero en la administración de los recursos del Estado, al disponer que los fondos obtenidos por la venta de la aeronave sean destinados exclusivamente al fortalecimiento del sistema de salud pública y a la construcción de centros universitarios en aquellos departamentos donde no existe presencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Durante el debate, el diputado Mario Pérez, representante del departamento de Santa Bárbara por la bancada del Partido Nacional, explicó que el tema ha sido ampliamente discutido y que la iniciativa responde a una solicitud directa del presidente de la República, Nasry Asfura, en coherencia con su política de austeridad gubernamental.

Pérez subrayó que uno de los principios centrales del actual gobierno es la reducción del gasto innecesario, especialmente en bienes de alto costo que no generan un beneficio directo para la población, como es el caso del avión presidencial.

En ese sentido, el legislador reveló que el presidente Asfura Zablah no hará uso de la aeronave, al considerar que mantenerla representa un gasto elevado y permanente para el Estado, sin una justificación práctica acorde a las prioridades nacionales.

“El costo de mantenimiento es alto y constante, y no tiene sentido conservar un bien que no se va a utilizar. Este decreto será muy provechoso para el pueblo hondureño”, expresó Pérez ante el pleno del Congreso.

La iniciativa legislativa fue presentada por el diputado Eder Mejía, representante del departamento de Yoro, también de la bancada del Partido Nacional, quien defendió el proyecto como una medida responsable orientada a transformar un activo estatal en inversión social.

Con esta aprobación unánime, el Congreso Nacional envía una señal política de consenso y compromiso con la eficiencia del gasto público, apostando por convertir un símbolo de privilegio en recursos concretos para la salud y la educación superior en todo el país.