Honduras oficializó hoy el fin del estado de excepción que había estado vigente desde diciembre de 2022, bajo la administración de la presidenta Xiomara Castro. La medida, diseñada inicialmente como una herramienta para enfrentar la criminalidad, fue prorrogada en al menos 24 ocasiones en más de tres años, abarcando 226 de los 298 municipios del país.
Desde el Gobierno se defendió la utilidad de la suspensión de garantías constitucionales como parte de un Plan Nacional de Solución contra el Crimen, con el cual se atribuyó una fuerte reducción de homicidios, pasando de 42 por cada 100,000 habitantes en 2022 a 23 en 2025, cifras que las autoridades calificaron como “históricas” frente a la violencia de pandillas y crimen organizado.
Sin embargo, organismos de derechos humanos y defensores civiles han cuestionado duramente la medida, señalando que su prolongación continuada desvirtuó su carácter excepcional y que se produjeron más de 1,000 graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Para críticos, la militarización de la seguridad no resolvió problemas estructurales como la extorsión y contribuyó a limitar libertades fundamentales.
La extensión casi permanente del estado de excepción también generó debates intensos sobre el equilibrio entre seguridad pública y respeto a las normas constitucionales, con analistas advirtiendo que la medida, al volverse rutinaria, podría haber erosionado la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizar el estado de derecho.
El fin de esta medida coincide con un momento de transición política en Honduras: Nasry “Tito” Asfura asumirá la presidencia el 27 de enero de 2026, un día después de la culminación de la suspensión de garantías. Asfura ha señalado que Honduras “no puede seguir bajo estados de excepción permanentes” y ha planteado enfoques alternativos centrados en fortalecer las instituciones y promover empleo para combatir la violencia.
El cierre del estado de excepción representa, para muchos sectores, el cierre de un ciclo marcado por tensiones entre la necesidad de seguridad y la protección de derechos humanos. Para otros, este día simboliza la posibilidad de reorientar las políticas de seguridad hacia modelos más integrales y respetuosos de la ciudadanía.
Con el fin de la medida, la atención se desplaza ahora a cómo el nuevo gobierno implementará su estrategia de seguridad ciudadana ante persistentes desafíos, incluyendo la lucha contra la extorsión, la violencia territorial de las maras y la reconstrucción de confianza en el sistema de justicia.
El desenlace de esta etapa deja lecciones y cuestionamientos sobre la eficacia de los estados de excepción prolongados en contextos democráticos, y plantea una agenda urgente para consolidar políticas que equilibren efectivamente la seguridad con el respeto irrestricto de las libertades fundamentales.
