Este martes, Nasry Juan Asfura Zablah, conocido popularmente como “Tito” o "Papi a la Orden", asumirá la Presidencia de Honduras en un acto solemne que marca el inicio del período constitucional 2026‑2030, sin la presencia de mandatarios extranjeros, un hecho inusual en la tradición política del país y que refleja las tensiones y cambios de enfoque en la política exterior hondureña.
La ceremonia de juramentación, prevista para desarrollarse en el Congreso Nacional —y no en el tradicional Estadio Nacional Chelato Uclés (antes Tiburcio Carías Andino)— simboliza una ruptura con ritmos protocolares anteriores, apostando por un acto más austero que solo contará con el cuerpo diplomático acreditado y los diputados electos.
Asfura llega al poder tras una campaña electoral altamente polarizada y conflictiva, donde las propuestas de gobierno quedaron opacadas por ataques personales entre dirigentes políticos, acusaciones de fraude y una sociedad dividida. La contienda presidencial de noviembre de 2025 fue una de las más ajustadas en la historia reciente de Honduras, con una diferencia de votos muy estrecha entre el candidato del Partido Nacional y su principal rival del Partido Liberal, Salvador Nasralla, así como una tercera fuerza representada por el partido gobernante LIBRE.
Más allá del dinamismo político interno, el proceso estuvo marcado por problemas e irregularidades en el Consejo Nacional Electoral (CNE), que prolongaron el conteo de votos por varias semanas, entre fallas técnicas y protestas de distintos sectores. Estas dificultades desataron desconfianza en parte del electorado y en actores políticos, evidenciando la fragilidad institucional en los mecanismos electorales de Honduras.
Un elemento clave y controversial de esta transición fue la intervención del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien no solo respaldó públicamente la candidatura de Asfura —incluyendo advertencias sobre futuros recortes de ayuda si su preferido no ganaba— sino que también condicionó apoyo político y mediático en la recta final de la campaña. Trump incluso anunció planes de indultar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumplía sentencia en EE. UU. por cargos relacionados con narcotráfico, como gesto hacia la facción política de Asfura y su entorno.
La influencia externa generó reacciones encontradas en el país. Mientras algunos sectores vieron con agrado la atención de una potencia global hacia la política hondureña, otros denunciaron injerencia en asuntos internos y presiones que podrían socavar la soberanía electoral. Estas tensiones acompañaron no solo la campaña, sino también las discusiones posteriores sobre legitimidad y gobernabilidad.
El contexto social en que Asfura asume es igualmente desafiante: Honduras enfrenta persistentes problemas estructurales, que van desde la inseguridad y fragmentación social hasta la necesidad de fortalecer servicios públicos básicos —como salud y educación— y mejorar las condiciones económicas para una población cansada de crisis recurrentes y profundas divisiones políticas.
El nuevo presidente ha adelantado que una de sus primeras acciones será declarar emergencia sanitaria nacional, intentando responder a una crisis del sistema público de salud que ha acumulado miles de cirugías y servicios pendientes. Este enfoque, según su equipo, busca mostrar un gobierno pragmático frente a la urgencia de resultados tangibles.
A la luz de estos hechos, la asunción de Nasry Asfura no solo representa un cambio de mando, sino la culminación de un proceso electoral que expuso grietas profundas en el sistema político hondureño, el impacto de factores externos en la política doméstica, y la urgente necesidad de construir puentes de diálogo capaces de sanar un tejido social desgastado por años de polarización y crisis institucional.
