Tegucigalpa, Honduras. — En medio de un clima político cada vez más tenso, el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, denunció este miércoles ante el Ministerio Público la existencia de un presunto plan para sabotear el proceso electoral de 2025, asegurando que detrás de la maniobra hay sectores con antecedentes de fraude y desinformación.
Acompañado por simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ochoa entregó en el MP una memoria USB con 24 grabaciones de audio, que —según explicó— contienen conversaciones entre una consejera del CNE y un jefe de bancada del Congreso Nacional, en las que se planifica una estrategia para desacreditar los resultados electorales y provocar una crisis de legitimidad después de los comicios.
“Lo que presentamos no son simples rumores, sino pruebas de una concertación política que busca capturar etapas críticas del proceso electoral y socavar la confianza del pueblo hondureño”, manifestó Ochoa tras su comparecencia.
El funcionario detalló que los hechos denunciados podrían encuadrarse en delitos graves como sedición, conspiración, asociación ilícita, traición, coacción y amenaza electoral, entre otros. A su juicio, las acciones revelan un intento de desestabilizar las instituciones democráticas y crear un ambiente de desconfianza previo a los comicios.
Asimismo, advirtió que el sistema de transmisión de resultados contará con tres canales y tres empresas independientes, por lo que cualquier interrupción o sabotaje en esas fases “podría tener consecuencias directas sobre la estabilidad del país y la credibilidad de las elecciones”.
Ochoa señaló directamente al Partido Nacional y al Partido Liberal, a quienes acusó de ser los principales promotores de estas maniobras. “Son los mismos actores con un largo historial de manipulación electoral. No es coincidencia que ahora busquen enturbiar el proceso con campañas de desinformación y ataques internos”, subrayó.
Pidió al Fiscal General Johel Antonio Zelaya que actúe con firmeza e independencia, garantizando que los responsables sean investigados y sancionados. “El Ministerio Público tiene la obligación de proteger la democracia y evitar que estos planes se materialicen. La sociedad hondureña merece elecciones limpias y confiables”, concluyó el consejero del CNE.
