TEGUCIGALPA, HONDURAS.— El debate sobre un supuesto “cogobierno” entre el Partido Liberal de Honduras y el Partido Nacional vuelve a generar posiciones encontradas dentro del liberalismo. Francisco Sibrián Bueso, secretario de Formación Política del CCEPL, rechazó que exista un acuerdo institucional que vincule al partido con la actual administración nacionalista.
De acuerdo con Sibrián, la participación de algunos liberales en cargos del Gobierno no puede interpretarse como una decisión adoptada por toda la organización. Sostuvo que quienes actualmente ocupan espacios dentro de la administración lo hicieron mediante negociaciones y decisiones personales, sin que mediara un acta del Consejo Central Ejecutivo ni una autorización formal del Partido Liberal.
La discusión ha cobrado fuerza debido a la presencia de personas vinculadas históricamente al liberalismo en distintas posiciones de la administración y a señalamientos públicos sobre posibles acuerdos entre ambas fuerzas. Medios hondureños han recogido tanto las afirmaciones de quienes hablan de una relación de colaboración política como las respuestas de dirigentes liberales que niegan que exista un cogobierno institucional.
Sibrián marcó distancia entre esas actuaciones individuales y la posición oficial del instituto político. “Se fueron de manera individual y ahí están trabajando, pero eso no quiere decir que el Partido Liberal está allí”, afirmó, al señalar que el CCEPL no ha autorizado a ningún liberal, en nombre del partido, para formar parte del actual Gobierno.
El dirigente liberal también rechazó que el Partido Liberal deba asumir colectivamente las decisiones o eventuales errores de la administración nacionalista debido a la participación de algunos de sus miembros. “No vamos a asumir los errores de este Gobierno solo porque tres, cuatro o cinco personas que están en el Gobierno en este momento, que estuvieron vinculados al Partido Liberal, arrastren todo el Partido”, expresó Sibrián. Su planteamiento coloca nuevamente sobre la mesa la discusión sobre hasta dónde las actuaciones individuales de dirigentes pueden comprometer la imagen y posición institucional de un partido político.
