La transformación del sistema eléctrico hondureño entra en una nueva etapa con la definición de plazos, responsabilidades y mecanismos de coordinación institucional para ejecutar la Ley de Justicia Energética. La administración del presidente Nasry Asfura busca reorganizar el funcionamiento de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), mejorar sus condiciones financieras y establecer un modelo que permita ofrecer un servicio más eficiente y confiable a los consumidores.

Durante una comparecencia de prensa, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, informó que el reglamento que establecerá el funcionamiento del Comité de Conducción de la Reforma al Subsector Eléctrico y de su Unidad Técnica de Implementación y Seguimiento fue remitido al diario oficial La Gaceta. El funcionario, quien preside esta instancia, explicó que la publicación permitirá formalizar los mecanismos de trabajo y coordinación necesarios para avanzar en la ejecución de las disposiciones aprobadas.

La planificación contempla seis ejes estratégicos, 25 iniciativas y aproximadamente 110 hitos que deberán desarrollarse durante los próximos 24 meses. Carmen Urízar, consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y exministra de Energía de Guatemala, explicó que el cronograma también establece acciones prioritarias para los primeros 90 días y los primeros seis meses, con el propósito de medir resultados y evitar que la reforma quede únicamente en compromisos administrativos.

Entre los principales cambios previstos figura la reorganización de la ENEE y sus empresas subsidiarias, mediante una estructura que permita separar y mejorar la gestión de las actividades de generación, transmisión y distribución. La reforma también contempla recuperar la sostenibilidad financiera de la estatal, fortalecer la independencia de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), avanzar hacia un despacho eléctrico independiente y establecer condiciones para una apertura gradual del mercado y nuevas licitaciones de generación y transmisión.

La consultora explicó que los trabajos de planificación comenzaron el 30 de septiembre, un día después de la aprobación de la normativa, y destacó la coordinación entre las instituciones involucradas. La reforma tiene como uno de sus objetivos establecer responsabilidades concretas para cada organismo y garantizar que las decisiones relacionadas con el suministro eléctrico respondan a criterios técnicos, financieros y de eficiencia. La CREE, por su parte, ya había formalizado equipos de trabajo y una hoja de ruta para desarrollar las disposiciones de la nueva legislación.

En el componente de atención a los abonados, el gerente general de la ENEE, Guillermo Peña Panting, informó que las condonaciones de deuda para usuarios residenciales aumentaron de 2,000 a 2,500 casos, mientras que las regularizaciones voluntarias de servicios con irregularidades en la medición se aproximan a 250. El funcionario recordó que los mecanismos de beneficio estarán disponibles hasta finales de 2026, por lo que instó a los ciudadanos que cumplen los requisitos legales a realizar sus gestiones y aprovechar la oportunidad de normalizar su situación sin multas ni sanciones.

Otro de los componentes anunciados corresponde al ordenamiento de los sistemas de medición eléctrica en 215 municipalidades clasificadas en las categorías C y D. El proceso se desarrollará con la participación de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización y la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), con el propósito de revisar y regularizar las condiciones de los servicios eléctricos municipales. Estas corporaciones representan una parte importante de los gobiernos locales del país y enfrentan diferentes limitaciones económicas y administrativas.

La aplicación de la Ley de Justicia Energética representa un proceso que deberá demostrar resultados concretos en la calidad del suministro, la reducción de pérdidas, la transparencia de las operaciones y la recuperación financiera de la ENEE. Aunque el Gobierno presenta avances en la organización institucional y los beneficios para los usuarios, el desafío será cumplir los casi 110 hitos establecidos, garantizar la sostenibilidad de las medidas y evitar que los problemas estructurales del sector eléctrico continúen trasladándose a las finanzas públicas y a los consumidores hondureños.