El dirigente de Libre, Gilberto Ríos Munguía, conocido políticamente como «El Grillo», recibió una resolución judicial que le impone cumplir 40 horas de trabajo comunitario en el marco de un procedimiento por violencia doméstica. La decisión se conoció este martes 3 de noviembre, después de que el exfuncionario compareciera ante el Juzgado de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en Tegucigalpa, acompañado de su abogado defensor.
A su salida de los tribunales, Ríos manifestó que el asunto corresponde a una situación ocurrida hace varios años, debido a que, según explicó, lleva tiempo separado de la persona que presentó la denuncia. El dirigente aseguró que atendió el requerimiento de las autoridades y consideró que el procedimiento había concluido satisfactoriamente, aunque solicitó respeto por tratarse de un expediente sujeto a reserva judicial.
Entre las medidas relacionadas con el procedimiento también se informó sobre la participación de las partes en charlas y atención psicológica. Asimismo, la parte denunciante habría solicitado restricciones para evitar acercamientos e intimidaciones contra la mujer y personas de su entorno familiar. Estos aspectos forman parte de las disposiciones y solicitudes divulgadas por medios nacionales, sin que se hayan hecho públicos mayores detalles sobre los hechos que originaron la denuncia.
Consultado sobre las actividades que tendría que desarrollar para completar las horas de servicio comunitario, Ríos respondió en tono irónico que no tendría inconveniente en barrer calles o elaborar piñatas. Sin embargo, sus declaraciones también estuvieron marcadas por fuertes cuestionamientos contra algunos medios de comunicación, particularmente TN5 y su director, Renato Álvarez, a quienes calificó de promover lo que denominó «terrorismo mediático».
El caso vuelve a colocar al dirigente político bajo atención pública por su condición de exfuncionario y figura del partido Libre. Ríos ocupó la dirección ejecutiva del Fosovi durante el gobierno de Xiomara Castro y anteriormente se desempeñó como asesor presidencial en materia de comunicaciones. Mientras el dirigente sostiene que se trata de un asunto familiar antiguo, la resolución judicial establece obligaciones que deberá cumplir, en un contexto donde la violencia doméstica continúa siendo una problemática que demanda atención y respuestas de las instituciones hondureñas.
