La Policía Nacional de Honduras anunció, mediante sus plataformas oficiales, el inicio de una ofensiva contra las estructuras vinculadas con maras, pandillas y otras organizaciones criminales, después de que entraran en vigor las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal. «INICIA LA CACERÍA DE CRIMINALES TERRORISTAS», publicó la institución policial, al comunicar la entrada en vigencia de las nuevas disposiciones legales que buscan fortalecer las acciones de investigación, captura y persecución penal contra estas organizaciones.
El anuncio se produce tras la publicación del Decreto Legislativo 258-2026, denominado Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas, en la edición número 37,282 del Diario Oficial La Gaceta, correspondiente al 30 de octubre. Con esta publicación, las modificaciones adquieren vigencia y establecen nuevas herramientas jurídicas para enfrentar a las estructuras criminales que operan en diferentes regiones del territorio hondureño.
Entre las disposiciones más importantes figuran penas de 30 a 40 años de prisión para integrantes de asociaciones terroristas, mientras que los cabecillas, directivos, promotores y financistas podrían recibir condenas de 40 años hasta prisión perpetua. La legislación también contempla castigos de 20 a 30 años para quienes colaboren con estas organizaciones sin pertenecer directamente a ellas, mediante suministro de información, transporte, recursos, inmuebles o servicios tecnológicos.
Las reformas también amplían las facultades de los organismos de seguridad durante operaciones coordinadas contra estas estructuras. Entre los cambios se contempla la posibilidad de realizar allanamientos sin autorización judicial previa cuando existan circunstancias urgentes e indicios fundados, en coordinación con un fiscal del Ministerio Público. Asimismo, se establece la prisión preventiva obligatoria para los procesados por asociación terrorista y se contemplan condiciones especiales de reclusión en establecimientos o módulos de máxima y alta seguridad.
Uno de los aspectos que ha generado mayor atención es el relacionado con los tatuajes y los símbolos utilizados por las organizaciones criminales. La Policía Nacional ha aclarado que portar cualquier tatuaje no constituye, por sí solo, motivo para detener a una persona, ya que deberán establecerse posibles vínculos con estas estructuras mediante investigaciones y peritajes especializados. La normativa también contempla sanciones para quienes colaboren con las organizaciones mediante la elaboración, difusión o colocación de expresiones visuales y símbolos alusivos a ellas, conforme a las conductas tipificadas en la ley.
Con la entrada en vigor de este paquete de reformas, las autoridades hondureñas disponen de un marco penal más severo para combatir las asociaciones terroristas y sus redes de apoyo. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y representantes del Ejecutivo y del sistema de justicia respaldaron públicamente la aplicación de las nuevas disposiciones. Su ejecución también coloca bajo especial atención la obligación de respetar el debido proceso, las garantías constitucionales y los controles judiciales, para que las acciones contra el crimen organizado se desarrollen dentro de los límites establecidos por la ley.
