La justicia hondureña dio un nuevo paso en el proceso de recuperación de activos relacionado con la compra de los hospitales móviles durante la pandemia de COVID-19. El Pleno de la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Axel Gamaliel López Guzmán y confirmó el comiso de 4,231,667.32 dólares a favor del Estado.
El dinero se encuentra vinculado a productos financieros pertenecientes a López Guzmán mediante la sociedad ELMED Medical System Inc., cuyos fondos permanecían en cuentas bancarias en Estados Unidos. La resolución ratificada corresponde al proceso de privación definitiva de dominio iniciado por Honduras mediante mecanismos de asistencia jurídica internacional.
La cantidad está distribuida en 4,161,400 dólares y 70,267.32 dólares, correspondientes a fondos localizados en cuentas del sistema financiero estadounidense. El antecedente judicial señala que estos recursos fueron asegurados dentro de las actuaciones impulsadas por el Ministerio Público hondureño para recuperar activos relacionados con el expediente de los hospitales móviles.
Uno de los elementos destacados por la resolución es que se trata de la primera sentencia hondureña de privación definitiva de dominio en materia de recuperación internacional de activos que ordena recuperar para el Estado fondos localizados en cuentas bancarias en el extranjero. La decisión, sin embargo, todavía debe adquirir firmeza para que pueda ejecutarse la recuperación internacional ordenada por el tribunal.
Con ese propósito, la Corte dispuso que se libre la correspondiente Asistencia Jurídica Internacional para gestionar la recuperación de los recursos depositados en Estados Unidos una vez que la sentencia quede firme. El fallo también establece que una de las cuentas cuyo aseguramiento había sido solicitado ya había sido cancelada.
La resolución contempla además la participación de instituciones hondureñas en la etapa posterior. Al haberse identificado los lugares de donde fueron sustraídos los fondos y encontrarse INVEST-H liquidada, el tribunal ordenó comunicar la decisión a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) para que proceda conforme al artículo 78-A de la Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito. También se notificará a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) por su participación en el proceso de liquidación de INVEST-H.
El caso tiene como antecedente la adquisición de siete hospitales móviles durante la emergencia sanitaria. El Consejo Nacional Anticorrupción ha documentado que el Estado desembolsó 47 millones de dólares por esos equipos y presentó investigaciones ante el Ministerio Público sobre presuntas irregularidades y perjuicios relacionados con la operación. Por separado, el Poder Judicial mantiene procesos penales derivados de aquella compra; en diciembre de 2025, por ejemplo, una Corte confirmó la apertura a juicio contra un exfuncionario de INVEST-H por delitos relacionados con la adquisición.
Con la confirmación del comiso, el expediente entra en una etapa enfocada en materializar la recuperación internacional de los recursos. La decisión judicial establece que los más de 4.2 millones de dólares deben pasar a favor del Estado hondureño mediante los procedimientos correspondientes, una vez cumplidos los requisitos legales y adquirida firmeza la sentencia.
