TEGUCIGALPA, HONDURAS. La preocupación volvió a instalarse entre trabajadores del transporte en el barrio El Bosque, luego de que trascendiera información relacionada con posibles amenazas de carácter extorsivo dirigidas contra conductores de taxis que operan en ese sector de la capital. Ante el escenario, la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) activó medidas de prevención, vigilancia e inteligencia para evitar que la situación pueda escalar.
El despliegue policial tiene como prioridad proteger tanto a los taxistas como a los usuarios que utilizan diariamente este servicio. La estrategia contempla presencia de agentes en los alrededores del punto de taxis y recorridos utilizados habitualmente por las unidades, con el propósito de disuadir cualquier eventual acción criminal y mantener la actividad del transporte bajo condiciones de seguridad.
La intervención ocurre después de reportes periodísticos que señalaron que el punto de taxis habría suspendido temporalmente sus operaciones debido a presuntas exigencias económicas realizadas por estructuras criminales. Algunos medios locales también informaron sobre el supuesto envío de un teléfono celular y casquillos de bala como mecanismo de intimidación, aunque estos elementos forman parte de versiones que deberán ser confirmadas mediante las investigaciones correspondientes.
Frente a esas versiones, la DAET mantiene una postura investigativa y preventiva. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, hasta el momento no existe una denuncia formal relacionada con las amenazas, mientras que los equipos policiales buscan verificar la autenticidad de los reportes y establecer si efectivamente existe un riesgo concreto para los transportistas.
Los agentes especializados realizan además labores de recopilación y análisis de información. El objetivo es determinar cómo se habrían producido las amenazas, cuáles fueron los mecanismos utilizados para transmitirlas, quiénes podrían estar detrás de ellas y si existe alguna relación con organizaciones dedicadas al cobro de extorsiones en la capital.
La Policía Nacional ya ha implementado estrategias específicas para proteger al transporte público de Tegucigalpa. En julio fue presentada la Operación Ruta Segura, que contempla presencia policial permanente en puntos de taxis, mototaxis y rutas urbanas consideradas vulnerables, además de censos y verificaciones de antecedentes de conductores.
El antecedente resulta relevante debido a que la extorsión continúa representando una amenaza para diferentes sectores del transporte hondureño. En mayo, varios puntos de taxis de Tegucigalpa suspendieron temporalmente sus actividades después de reportarse nuevas amenazas vinculadas al cobro de extorsión, una situación que evidenció nuevamente el impacto del delito sobre los trabajadores y usuarios.
La propia DAET ha utilizado anteriormente una estrategia similar ante ataques o amenazas contra transportistas. En junio, después de un hecho violento registrado contra el sector taxi en Choloma, equipos de inteligencia fueron enviados a puntos y terminales consideradas estratégicas, mientras la Unidad de Seguridad del Transporte Urbano (USTU) establecía acompañamiento para permitir la continuidad del servicio.
La respuesta policial también incluye un componente de acercamiento con los transportistas. En junio, autoridades de la DAET y representantes de la Asociación de Taxi de Tegucigalpa y Comayagüela (AITERPT) acordaron fortalecer la comunicación, realizar un censo de operadores y propietarios e impulsar mecanismos de vigilancia, entre ellos la instalación de cámaras en los puntos de taxi.
Para los investigadores, el contacto directo con los conductores puede aportar información determinante para establecer patrones y posibles responsables. Los testimonios, comunicaciones recibidas, características de las amenazas y cualquier evidencia encontrada pueden convertirse en elementos útiles para orientar las diligencias y determinar si existe participación de una organización criminal.
La DAET también ha demostrado en otros casos recientes que las investigaciones sobre extorsión pueden derivar en procesos judiciales contra presuntos integrantes de estructuras criminales. En julio, por ejemplo, la institución informó sobre una investigación coordinada con el Ministerio Público que permitió obtener prisión preventiva contra una mujer señalada de participar en una estructura dedicada a cobros extorsivos contra transportistas.
Mientras se esclarece lo ocurrido en El Bosque, las autoridades mantienen vigilancia sobre el sector y exhortan a los transportistas a proporcionar información y presentar las denuncias correspondientes. La Policía sostiene que la colaboración de las víctimas es fundamental para identificar el modus operandi, individualizar a los responsables y, si se confirma la existencia de un delito, proceder conforme a la ley contra quienes estén detrás de las amenazas.
