TEGUCIGALPA, HONDURAS.– Ante la presión que el incremento de los combustibles ejerce sobre la economía hondureña, el economista y expresidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, considera que el Gobierno todavía tiene margen para adoptar medidas temporales destinadas a contener el impacto sobre los consumidores.
La propuesta de Mossi apunta directamente a la estructura tributaria de los carburantes. Si las autoridades consideran inconveniente ampliar los subsidios, plantea como alternativa reducir temporalmente los impuestos que gravan la gasolina y el diésel, mecanismo que, según recordó, ya ha sido utilizado por Honduras durante períodos anteriores de fuerte presión internacional sobre el petróleo.
El antecedente más importante se remonta a 2022, cuando Honduras implementó medidas para amortiguar el encarecimiento de los derivados del petróleo. El BCIE aprobó entonces un programa de US$200 millones, cuyos recursos compensaron medidas como la reducción de impuestos a la gasolina súper, regular y diésel, además de un subsidio adicional equivalente al 50 % del incremento del diésel.
Mossi ha retomado ese debate en 2026 frente a un escenario en el que el encarecimiento de los combustibles amenaza con trasladarse progresivamente a otros sectores. El economista ha advertido que el diésel tiene una incidencia particularmente importante porque mueve buena parte del transporte de carga y pasajeros, mientras que los mayores costos logísticos terminan reflejándose en los precios de los productos de consumo.
De acuerdo con declaraciones recogidas recientemente por medios hondureños, Mossi incluso ha cuestionado la permanencia del impuesto específico a los combustibles y ha señalado que el gravamen originalmente vinculado al desaparecido Fondo Vial debería ser revisado. En ese contexto, considera viable eliminarlo o modificarlo para reducir la presión que actualmente soportan los consumidores.
El planteamiento también incorpora una discusión sobre el uso de los recursos públicos. Mossi sostiene que el presupuesto estatal contiene partidas cuya utilización podría ser revisada y reorientada, de manera que el alivio a los combustibles pueda financiarse mediante una mayor eficiencia del gasto, en lugar de generar necesariamente una presión adicional sobre las finanzas públicas.
La preocupación central es el denominado efecto multiplicador de los combustibles: cuando aumenta el costo del diésel, suben los gastos de transporte y distribución y estos incrementos pueden terminar incorporándose al precio de alimentos y otros bienes. Mossi ha advertido que, si los ajustes son demasiado fuertes o rápidos, el impacto puede traducirse en mayor inflación y menor capacidad de consumo de los hogares.
El debate, por tanto, no se limita al precio que los hondureños pagan en las estaciones de servicio. La discusión enfrenta dos objetivos: proteger temporalmente el poder adquisitivo de la población y evitar que las medidas de alivio deterioren las cuentas públicas. Mossi considera que una reducción tributaria temporal y focalizada podría ser una de las herramientas disponibles mientras persistan las presiones internacionales sobre los combustibles.
