La seguridad vial de Tegucigalpa y Comayagüela entrará en una nueva etapa de cooperación internacional a partir de enero de 2027, cuando la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) pongan en marcha un proyecto destinado a reducir los accidentes de tránsito y sus consecuencias.

La iniciativa será desarrollada de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), con el propósito de que las decisiones sobre movilidad y prevención tengan como respaldo información técnica y análisis de los puntos donde se concentran los mayores riesgos para conductores, pasajeros y peatones.

Durante la fase preparatoria, el director de Transporte de la oficina central de JICA en Tokio, Suhara Yasuhiro, visitó Honduras para intercambiar experiencias con funcionarios municipales y gubernamentales. Su participación busca contribuir a definir el alcance de la cooperación y avanzar hacia la firma de la minuta que dará paso a la ejecución formal del proyecto.

Uno de los componentes centrales será el trabajo de especialistas japoneses junto a los equipos técnicos hondureños. La metodología contempla revisar información relacionada con los siniestros registrados, establecer patrones, ubicar puntos críticos y plantear medidas de infraestructura y prevención que puedan adaptarse a las condiciones particulares de la capital.

Suhara destacó la importancia de que la experiencia japonesa pueda contribuir a enfrentar una problemática que también representa un desafío para Honduras. El representante de JICA expresó su satisfacción por participar en la alianza y señaló que el objetivo es contribuir a disminuir especialmente los accidentes que terminan con víctimas mortales.

Para el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, contar con mejores estadísticas será fundamental para establecer prioridades. El edil sostuvo que las cifras de siniestralidad son preocupantes y planteó que una mayor disponibilidad de información permitirá tomar decisiones más acertadas en materia de planificación y seguridad vial. La prioridad de ordenar la movilidad ya había sido señalada por Zelaya desde el inicio de su administración.

La problemática, sin embargo, no se limita a construir o modificar calles. Zelaya insistió en que el comportamiento de los usuarios también constituye un factor determinante, por lo que llamó a respetar las señales, los límites de velocidad y las normas de tránsito. Esta visión coincide con el enfoque de la Organización Mundial de la Salud, que plantea que la seguridad vial debe combinar infraestructura segura, velocidades adecuadas, vehículos seguros y conductas responsables.

Desde la SIT, el subsecretario Fernando Vásquez Montoya aseguró que la institución dará seguimiento a las evaluaciones de campo y apoyará la ejecución de las recomendaciones que surjan del estudio. La participación de esta dependencia será especialmente importante si las conclusiones técnicas requieren intervenciones en infraestructura, señalización u otros elementos vinculados con la circulación vehicular.

El ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, consideró que la cooperación puede abrir una nueva etapa en las políticas de prevención de accidentes y reducción de víctimas. La participación de Seguridad también permitirá incorporar una perspectiva preventiva y territorial, mientras que la SIT y la AMDC aportarían capacidades relacionadas con infraestructura, movilidad y planificación urbana.

La experiencia de JICA en Honduras constituye otro elemento relevante para el proyecto. La agencia japonesa mantiene desde 2009 una cooperación con la Policía Nacional orientada al fortalecimiento de la policía comunitaria, basada en prevención, cercanía con las comunidades y planificación apoyada en datos. A escala mundial, la OMS estima que las colisiones de tránsito provocaron alrededor de 1.16 millones de muertes durante 2025 y sostiene que los gobiernos deben abordar el problema mediante acciones integrales de infraestructura, legislación, fiscalización y educación.

Con el inicio previsto para enero de 2027, el proyecto buscará convertir los datos sobre accidentes en herramientas concretas para intervenir los lugares de mayor peligro en Tegucigalpa y Comayagüela. El desafío será que las recomendaciones de los especialistas se traduzcan posteriormente en obras, controles, señalización y cambios de comportamiento capaces de reducir la cantidad de víctimas. Para las autoridades, la cooperación con Japón representa una oportunidad de pasar de respuestas aisladas ante los accidentes a una estrategia de seguridad vial sustentada en evidencia.