San Pedro Sula, Cortés. Una operación conjunta liderada por la Fiscalía Especial de Medio Ambiente (FEMA) dejó como resultado la captura de cuatro personas y el decomiso de maquinaria pesada utilizada presuntamente en actividades que atentaban contra los recursos naturales en la aldea San Isidro, municipio de Santa Cruz de Yojoa. La acción forma parte de los esfuerzos del Ministerio Público para combatir los delitos ambientales en la zona norte del país.
El operativo fue coordinado por fiscales ambientales de la Regional del Norte y contó con el respaldo de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras y técnicos del Instituto de Conservación Forestal (ICF), quienes realizaron inspecciones en el área tras recibir denuncias sobre posibles actividades ilícitas relacionadas con la explotación de recursos forestales.
Según el informe oficial, los sospechosos fueron sorprendidos en flagrancia mientras realizaban labores de corte de árboles y otras acciones consideradas perjudiciales para el ecosistema local. Como resultado, fueron requeridos y posteriormente puestos a disposición de los tribunales de justicia para responder por el supuesto delito de explotación ilegal de recursos naturales.
Durante la intervención, las autoridades procedieron al decomiso de dos motosierras, una retroexcavadora y un vehículo tipo pick-up, equipo que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, habría sido utilizado para desarrollar actividades de tala y alteración del terreno en el sector intervenido.
La aldea San Isidro y otras zonas de Santa Cruz de Yojoa han sido objeto de constantes operativos ambientales debido a denuncias recurrentes sobre tala ilegal, remoción de suelo y afectaciones a áreas boscosas cercanas a importantes fuentes de agua. Informes recientes han documentado daños en extensas áreas forestales y en subcuencas que abastecen a comunidades de la región.
Las investigaciones continúan para determinar la magnitud del daño ambiental ocasionado y establecer si existen más personas vinculadas a estas actividades. Las autoridades ambientales no descartan ampliar las diligencias en sectores aledaños donde se han reportado situaciones similares en los últimos meses.
El Ministerio Público destacó que la protección de los recursos naturales constituye una prioridad institucional, especialmente en áreas cercanas al Lago de Yojoa y zonas de importancia hídrica y forestal. Asimismo, recordó que los delitos ambientales pueden derivar en sanciones penales y administrativas para los responsables.
Con este nuevo operativo, la FEMA reafirmó su compromiso de fortalecer las acciones de vigilancia, investigación y judicialización contra quienes pongan en riesgo los bosques, cuencas y ecosistemas del país, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad que amenace el patrimonio natural hondureño.
