El Poder Judicial confirmó este lunes que el proceso penal contra el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado continuará el próximo 3 de agosto, fecha en la que deberá comparecer personalmente a la audiencia de declaración de imputado ante el juez natural que conoce la causa.
La información fue proporcionada por el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, quien explicó que el expediente permanece bajo la competencia del magistrado designado como juez natural, debido a que aún se encontraban pendientes resoluciones emitidas por la Corte de Apelaciones nombrada para conocer aspectos relacionados con el caso.
Según Duarte, la audiencia quedó programada para las 9:00 de la mañana en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, una vez que fue suspendida de forma temporal la orden de captura y la alerta roja internacional que pesaban sobre el exmandatario.
El funcionario judicial indicó que el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal en el que acusa a Hernández por la presunta comisión de los delitos de fraude y lavado de activos, cargos que serán formalmente comunicados durante la primera comparecencia judicial.
Explicó que la audiencia de declaración de imputado constituye la primera etapa del proceso penal y tiene como finalidad informar al acusado sobre los delitos que se le atribuyen, garantizar que conozca sus derechos constitucionales y procesales, además de escuchar los argumentos iniciales de las partes involucradas.
Durante esa diligencia, añadió Duarte, el juez natural también resolverá sobre las medidas cautelares que deberán aplicarse al exgobernante mientras avanza el proceso, decisión que será adoptada conforme a los elementos presentados por el Ministerio Público y la defensa.
El portavoz enfatizó que la presencia de Juan Orlando Hernández en esta audiencia es obligatoria, ya que la legislación procesal penal establece que el imputado debe ser notificado personalmente de los cargos formulados en su contra y de las resoluciones iniciales que adopte el órgano jurisdiccional.
Posteriormente, el juez señalará la fecha para la audiencia inicial, fase en la que se determinará si existen suficientes indicios para que el proceso continúe. En esa etapa, explicó Duarte, el acusado ya podrá comparecer mediante sus representantes legales, sin que su presencia física sea indispensable.
El caso es conocido por un juez natural debido a la condición que ostentó Hernández como presidente de la República, procedimiento contemplado en la legislación hondureña para determinados altos funcionarios cuando enfrentan procesos judiciales relacionados con el ejercicio de sus funciones.
La confirmación de la audiencia ocurre pocos días después del regreso de Hernández al país, hecho que ha generado un amplio debate político y social, con manifestaciones de respaldo por parte de sus simpatizantes y cuestionamientos de diversos sectores que exigen que las investigaciones pendientes continúen conforme a la ley.
Hasta el momento, el Poder Judicial no ha adelantado cuál será la decisión sobre las medidas cautelares que podrían imponerse al exmandatario, indicando que esa determinación corresponderá exclusivamente al juez natural tras escuchar los planteamientos de la Fiscalía y la defensa.
Por su parte, el Ministerio Público sostiene las acusaciones formuladas en el requerimiento fiscal, mientras el equipo legal de Hernández ha manifestado que ejercerá todos los recursos previstos en la legislación hondureña para la defensa de su representado durante las distintas etapas del proceso.
La audiencia del próximo 3 de agosto marcará el inicio formal del proceso judicial que enfrenta el expresidente en Honduras, cuyo desarrollo será seguido de cerca por distintos sectores nacionales e internacionales debido a la relevancia política e institucional del caso.
Juan Orlando Hernández gobernó Honduras entre 2014 y 2022. Tras concluir su mandato, fue capturado en Tegucigalpa y posteriormente extraditado a Estados Unidos en abril de 2022, luego de que ese país solicitara su entrega para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico.
En marzo de 2024 fue declarado culpable por un jurado federal en la Corte del Distrito Sur de Nueva York de delitos vinculados al tráfico de cocaína y al uso de armas para facilitar esas actividades, siendo posteriormente condenado a una pena de prisión.
Tiempo después recuperó su libertad tras recibir un indulto presidencial en Estados Unidos y regresó a Honduras, donde enfrenta un proceso independiente impulsado por el Ministerio Público por presuntos delitos de fraude y lavado de activos. Ambos procesos corresponden a jurisdicciones distintas, por lo que las actuaciones de la justicia estadounidense no sustituyen ni determinan automáticamente las decisiones que adopten los tribunales hondureños sobre las acusaciones presentadas en el país.
