Miami, Estados Unidos. La justicia estadounidense emitió sentencia contra el exdirector ejecutivo de la Tasa de Seguridad Poblacional de Honduras, Francisco Roberto Cosenza Centeno, quien fue condenado a cinco años de libertad condicional con arresto domiciliario luego de admitir su participación en delitos relacionados con corrupción y lavado de dinero.

El fallo pone fin a un proceso judicial que se prolongó durante varios meses y que estuvo marcado por múltiples reprogramaciones de audiencia debido a situaciones de salud alegadas por la defensa del exfuncionario hondureño. La lectura de sentencia había sido aplazada en reiteradas ocasiones antes de que el tribunal federal de Miami emitiera su decisión definitiva.

Cosenza fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos derivados de una investigación sobre presuntos actos de corrupción vinculados a contratos públicos adjudicados durante su gestión al frente del Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, conocido como Tasa de Seguridad.

Según las autoridades estadounidenses, el caso está relacionado con una trama de sobornos que habría permitido favorecer a determinadas empresas en procesos de contratación para la fabricación y suministro de uniformes y otros bienes destinados a la Policía Nacional de Honduras. Los contratos investigados superaban los 10 millones de dólares.

Durante el desarrollo del proceso, la Fiscalía federal sostuvo que el exfuncionario participó en maniobras financieras destinadas a ocultar el origen de fondos obtenidos mediante pagos ilícitos. Los investigadores señalaron que parte de las operaciones se realizaron a través de cuentas bancarias y sociedades utilizadas para mover dinero procedente del esquema de corrupción.

En agosto de 2025, Cosenza decidió declararse culpable de cargos relacionados con conspiración para cometer lavado de activos y participación en transacciones vinculadas a recursos obtenidos de actividades ilícitas, una decisión que modificó el rumbo del proceso judicial y evitó la celebración de un juicio completo.

Aunque los fiscales estadounidenses solicitaron una condena de diez años de prisión, el tribunal resolvió imponer una pena considerablemente menor. La decisión tomó en cuenta distintos elementos presentados por las partes, incluyendo circunstancias personales y médicas que fueron expuestas durante las audiencias.

El caso ha mantenido relevancia tanto en Honduras como en Estados Unidos debido a que forma parte de investigaciones más amplias relacionadas con presuntos actos de corrupción ocurridos durante administraciones anteriores y con el manejo de recursos públicos destinados a programas de seguridad nacional.

Analistas consideran que la resolución judicial representa un nuevo capítulo en los esfuerzos de cooperación internacional para perseguir delitos financieros y actos de corrupción transnacional, especialmente aquellos vinculados al uso indebido de fondos públicos y mecanismos de contratación estatal.

A pesar de la sentencia, las investigaciones relacionadas con la presunta red de corrupción continúan siendo objeto de seguimiento por parte de las autoridades estadounidenses. El caso de Francisco Cosenza permanece como uno de los expedientes de mayor impacto vinculados a la administración de la Tasa de Seguridad y al uso de recursos públicos hondureños durante la última década.