La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) obtuvo una sentencia favorable en un juicio de privación definitiva de dominio contra bienes vinculados a presuntos integrantes de la estructura criminal conocida como “Los Pinto”, que opera en la zona sur del país.
La resolución judicial establece el comiso definitivo de 24 bienes muebles e inmuebles, además de sociedades mercantiles, cuentas bancarias y armas de fuego relacionadas con personas investigadas por presunto enriquecimiento ilícito y actividades vinculadas al crimen organizado.
De acuerdo con el informe del Ministerio Público, entre los bienes decomisados se encuentran cuatro inmuebles, seis vehículos, dos sociedades mercantiles, tres armas de fuego y nueve cuentas bancarias.
Las autoridades detallaron que los titulares de los bienes son Daniel Álvarez Turcios, su esposa Martha Lidia Zepeda Castellanos, así como Alfredo José Farach y Gerson Echeverría, quienes fueron objeto de investigaciones patrimoniales por parte de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).
Las diligencias realizadas por la DLCN permitieron identificar movimientos financieros, adquisiciones y operaciones económicas consideradas atípicas e incongruentes con los ingresos reportados oficialmente por los investigados.
Según las investigaciones, los bienes asegurados fueron localizados y confiscados inicialmente el 22 de febrero de 2021 durante una serie de operaciones ejecutadas en el sur de Honduras.
Los fiscales sostuvieron en el juicio que Martha Lidia Zepeda Castellanos registró un incremento patrimonial injustificado superior a los 35 millones de lempiras, producto de inversiones, adquisición de bienes y recepción de remesas cuyo origen no pudo acreditar legalmente.
Las pericias financieras también determinaron que Zepeda Castellanos adquirió bienes muebles e inmuebles, además de acciones en sociedades mercantiles, mediante movimientos económicos que no guardaban relación con su capacidad financiera declarada.
En el caso de Daniel Álvarez Turcios, las autoridades concluyeron que obtuvo un crecimiento patrimonial superior a los 13 millones de lempiras, derivado de inversiones, compra de propiedades y beneficios económicos considerados injustificados.
La Fiscalía señaló que la legislación hondureña en materia de privación de dominio permite al Estado recuperar bienes cuyo origen lícito no pueda ser demostrado, especialmente en casos relacionados con estructuras criminales, narcotráfico y lavado de activos. Honduras fortaleció este mecanismo jurídico tras reformas impulsadas en el marco de la lucha regional contra el crimen organizado y el financiamiento ilícito.
Las investigaciones de la DLCN también establecieron que gran parte de los bienes objeto del proceso se encuentran ubicados en distintos sectores de la zona sur del país, una región históricamente utilizada por redes criminales para actividades relacionadas con el tráfico de drogas y el movimiento de recursos ilícitos.
El Ministerio Público reiteró que continuará ejecutando acciones de investigación patrimonial y procesos judiciales orientados a debilitar económicamente a organizaciones criminales, mediante el aseguramiento y decomiso de bienes adquiridos presuntamente con fondos provenientes de actividades ilegales.
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