La reciente destitución de Johel Zelaya como fiscal general ha generado nuevas revelaciones dentro del proceso político que condujo a su salida del cargo, luego de que el presidente de la Comisión Especial del Congreso Nacional, Mario Pérez, asegurara que más de 50 fiscales estaban dispuestos a declarar en su contra.

El legislador, representante del Partido Nacional por el departamento de Santa Bárbara, afirmó que estos fiscales provenían de distintas regiones del país, pero no pudieron ser escuchados debido a limitaciones de tiempo durante el proceso. Según Pérez, la alta cantidad de oferentes evidencia el nivel de inconformidad interna dentro del Ministerio Público.

La decisión de destituir a Zelaya fue tomada por el Congreso Nacional de Honduras el pasado miércoles, tras acoger la recomendación de la Comisión Especial de Juicio Político. Días antes, el ahora exfuncionario compareció ante dicha instancia, donde también se presentaron al menos siete testigos que lo señalaron por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con las declaraciones ofrecidas, los testimonios incluyeron acusaciones sobre supuestos abusos de poder e ilegalidades, lo que habría sido determinante para que la comisión recomendara su destitución. El proceso ha sido interpretado por diversos sectores como un episodio de alto impacto en la institucionalidad del sistema de justicia hondureño.

En medio de este contexto, Pérez subrayó que el Ministerio Público debe mantenerse al margen de los procesos electorales, enfatizando que una de las principales preocupaciones es evitar cualquier tipo de injerencia política en el desarrollo de los comicios. “Queremos un Ministerio Público que no ande metiendo las narices en temas electorales”, expresó.

El diputado también sostuvo que la situación que enfrentó Zelaya habría sido consecuencia de decisiones políticas, señalando directamente a Manuel Zelaya como el principal responsable de su involucramiento en el conflicto. Según Pérez, el exmandatario influyó en acciones que terminaron comprometiendo la gestión del exfiscal.

Entre los hechos mencionados, se encuentra la entrega de audios al Ministerio Público por parte de Marlon Ochoa, relacionados con un supuesto plan contra las elecciones generales de 2025. Pérez cuestionó que dicha acción se haya realizado sin conocimiento o निर्देश de Manuel Zelaya, sugiriendo que existió una coordinación política detrás del caso.

La destitución de Johel Zelaya y las declaraciones posteriores continúan alimentando el debate sobre la independencia de las instituciones en Honduras, en un contexto marcado por tensiones entre actores políticos y cuestionamientos sobre el uso de mecanismos como el juicio político en el país.