En una sesión cargada de tensión política, el Congreso Nacional aprobó este martes una moción que insta al Ministerio Público a constituir y enviar, en el plazo máximo de cinco días, una comisión especial de fiscales a Estados Unidos. El objetivo oficial es que expertos forenses internacionales analicen los más de 26 audios que han generado una intensa controversia pública y política sobre las elecciones generales de noviembre de 2025.
El legislador impulsor de la iniciativa, Kilvett Bertrand, diputado del Partido Nacional, afirmó durante su exposición que los audios dados a conocer por el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, han provocado “una profunda preocupación nacional”. Bertrand subrayó que, si se confirmara que esas grabaciones fueron manipuladas con tecnología sofisticada, representarían una amenaza a la estabilidad institucional del país.
Los audios, difundidos desde octubre de 2025, contienen supuestas conversaciones entre figuras vinculadas al CNE y políticos con implicaciones que van desde presuntas estrategias para influir en el proceso electoral hasta boicots deliberados al escrutinio de resultados. La duda sobre su autenticidad ha alimentado tanto denuncias de fraude como alegatos de manipulación con herramientas digitales avanzadas.
Bertrand destacó la complejidad técnica que implica el análisis de archivos digitales y la posible utilización de herramientas de edición o inteligencia artificial, por lo que consideró “prudente y necesario” que la verificación se realice en laboratorios internacionalmente certificados, con estándares científicos aceptados por agencias como la DEA o el FBI.
La moción aprobada solicita que la comisión de fiscales sea coordinada directamente por el director general de fiscales y que el MP presente informes semanales al Congreso sobre los avances del peritaje internacional, una medida pensada para mantener supervisión política y asegurar transparencia.
Durante el debate, algunos diputados del partido Libertad y Refundación (Libre) apoyaron la necesidad de un análisis internacional, aunque sugirieron que este también podría remitirse a instancias estatales especializadas para evitar dependencia de laboratorios privados. Además, defendieron la autenticidad del material presentado por Ochoa, mencionando peritajes previos realizados en el extranjero.
La controversia alrededor de los audios ha calado hondo en la opinión pública hondureña, en medio de un proceso electoral marcado por acusaciones cruzadas, desinformación y debates sobre la confianza en las instituciones democráticas. Diversos sectores han reclamado transparencia y certidumbre en torno a los resultados y al manejo de evidencias sensibles.
Con esta decisión, el Congreso apuesta por una verificación internacional que podría definir no solo el rumbo de la investigación, sino también la percepción pública sobre la integridad del proceso electoral y la capacidad de las instituciones hondureñas para gestionar crisis de alta complejidad política.
