El Congreso Nacional de Honduras aprobó este martes una iniciativa que modifica el esquema de administración interna del Poder Judicial, al despojar a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de sus facultades administrativas y trasladarlas al pleno de magistrados.

La reforma impacta directamente a la titular del máximo tribunal, Rebeca Ráquel Obando, quien hasta ahora ejercía competencias relacionadas con nombramientos, traslados y cancelaciones de personal dentro de la estructura judicial.

Con la nueva disposición, dichas atribuciones pasarán a ser ejercidas de forma colegiada por el pleno de los 15 magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia de Honduras, modificando así la dinámica de toma de decisiones en el ámbito administrativo del Poder Judicial.

Entre las funciones que dejarán de recaer en la Presidencia se encuentran la gestión institucional, el nombramiento y la destitución de jueces, así como decisiones relacionadas con el personal administrativo y procesos disciplinarios internos.

La normativa establece que cualquier resolución administrativa deberá contar con al menos ocho votos favorables del pleno para ser válida, fijando así una mayoría mínima para la adopción de acuerdos.

Durante el debate legislativo, diputados que respaldaron la medida señalaron que el cambio busca fortalecer la institucionalidad y promover decisiones consensuadas dentro del órgano judicial. Otros sectores han advertido que la reforma podría generar tensiones en la estructura interna del Poder Judicial.

La aprobación de esta iniciativa representa un ajuste significativo en el equilibrio de funciones dentro de la Corte Suprema, al trasladar el peso de las decisiones administrativas desde una figura unipersonal hacia un modelo colegiado.

Con esta reforma, el Congreso redefine el mecanismo de gobernanza interna del máximo tribunal del país, en un contexto de discusión sobre la independencia judicial y la distribución de competencias entre los poderes del Estado.