El secretario de Finanzas, Emilio Hércules, compareció este martes ante la comisión de dictamen del Congreso Nacional, encabezada por el diputado Mario Pérez, con el propósito de detallar el contenido del decreto promovido por el Poder Ejecutivo. La iniciativa, explicó, está orientada a dinamizar la economía y mejorar la eficiencia administrativa del Estado, sin recurrir a figuras excepcionales.
Durante la sesión de trabajo, el funcionario precisó que la propuesta no responde a una crisis fiscal ni implica la declaratoria de emergencia nacional. Subrayó que el Gobierno busca ordenar la gestión pública mediante reformas estructurales y no a través de medidas extraordinarias. “No hay emergencia fiscal”, reiteró ante los congresistas.
Hércules sostuvo que el decreto no pretende ampliar facultades especiales, sino facilitar el cumplimiento de las responsabilidades gubernamentales dentro del marco constitucional. En ese sentido, insistió en que la estabilidad financiera del país no está comprometida y que la narrativa de una eventual emergencia carece de fundamento.
Uno de los pilares centrales de la propuesta es la reducción y reorganización del aparato estatal. Según detalló, el plan contempla disminuir el número de instituciones públicas, pasando de 113 a un rango aproximado de entre 75 y 78 entidades. La medida, indicó, busca corregir duplicidades administrativas y optimizar el uso de recursos.
El titular de Finanzas argumentó que en varias dependencias se han identificado funciones repetidas, exceso de plazas y crecimiento sostenido del gasto en planillas. Esta situación —afirmó— ha generado presión sobre el presupuesto nacional y ha limitado la capacidad de inversión en áreas prioritarias.
Otro de los temas abordados fue la situación de la Caja Única del Tesoro, que ha enfrentado embargos judiciales millonarios. De acuerdo con el funcionario, en un periodo ordinario de cinco años se registraron embargos cercanos a los 10 mil millones de lempiras, mientras que en los primeros días de la actual administración la cifra superó los 3 mil millones. Ante ello, el decreto propone fortalecer la coordinación institucional para resguardar los fondos públicos.
La iniciativa también contempla mecanismos de conciliación para atender las demandas laborales acumuladas contra el Estado. Hércules explicó que el objetivo es alcanzar acuerdos que beneficien tanto a los trabajadores como a las finanzas públicas, reduciendo litigios prolongados y costos adicionales para el erario.
En cuanto a las inquietudes sobre posibles despidos, el funcionario aseguró que se respetarán los derechos laborales, incluyendo prestaciones y el debido proceso. Asimismo, destacó que el Ejecutivo mantiene diálogo con las distintas fuerzas políticas para alcanzar consensos. Con la exposición ante la comisión legislativa, el Congreso avanza en el análisis de una propuesta que, según Finanzas, apunta a modernizar la administración pública y fortalecer la sostenibilidad fiscal del país.
