Tegucigalpa, Francisco Morazán. – Mediante intensos patrullajes móviles de Protección Ambiental, las Fuerzas Armadas de Honduras informaron sobre la detección de un área severamente afectada por tala ilegal en el sector de Cerro Linares, dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sierra de Agalta, en el municipio de Gualaco, departamento de Olancho.
La operación fue ejecutada por el Primer Batallón de Protección Ambiental en coordinación con técnicos del Instituto de Conservación Forestal (ICF), quienes realizaron inspecciones de campo para cuantificar el daño ambiental ocasionado en la zona.
De acuerdo con el informe preliminar, se verificó la deforestación de aproximadamente 80 manzanas de bosque de pino, además de la tala ilegal de al menos 850 árboles. En el sitio también se decomisaron 170,000 pies de madera en rollo listos para su traslado.
Las autoridades calificaron el hallazgo como un golpe significativo contra el delito ambiental en una de las áreas protegidas más importantes del oriente del país, reconocida por su biodiversidad y por su función estratégica en la recarga hídrica.
El Parque Nacional Sierra de Agalta es considerado una reserva clave para la conservación de ecosistemas de bosque de pino y latifoliado. Según datos oficiales del ICF, Honduras pierde miles de hectáreas de cobertura forestal cada año debido a la tala ilegal, incendios y cambio de uso del suelo.
Informes de organismos ambientales y de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente han advertido que Olancho figura históricamente entre los departamentos con mayores índices de explotación forestal irregular, situación que impacta directamente en la biodiversidad y en las comunidades locales.
El dictamen técnico sobre los daños detectados será elaborado por el ICF y remitido por la Fuerza de Tarea Interinstitucional Ambiental (FTIA) ante la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA), instancia que dará seguimiento al proceso conforme a la legislación vigente.
Las Fuerzas Armadas reiteraron que continuarán los patrullajes en zonas protegidas y áreas de amortiguamiento para prevenir nuevas intervenciones ilegales y garantizar la protección de los recursos naturales.
Expertos en conservación han señalado que la tala ilegal no solo afecta la cobertura forestal, sino que incrementa el riesgo de erosión del suelo, pérdida de hábitat para especies silvestres y disminución de fuentes de agua.
Además, el impacto económico de estas actividades ilícitas afecta al Estado y debilita los esfuerzos de manejo forestal sostenible promovidos por el ICF y organizaciones ambientales.
Las autoridades no descartan nuevas acciones en la zona para identificar a los responsables de la deforestación y determinar posibles redes dedicadas a la extracción y comercialización ilegal de madera.
Estas acciones, subrayaron las instituciones involucradas, forman parte del compromiso permanente de las Fuerzas Armadas y sus aliados estratégicos en la lucha contra la tala ilegal y la defensa del patrimonio natural hondureño.
