El debate sobre un eventual juicio político contra funcionarios del Estado continúa presente en la agenda pública, aunque todavía sin una ruta definida. Así lo manifestó el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, durante su participación en el podcast “2 que 3”, de Extra Digital, dirigido por el periodista Denis Andino.

Zambrano aclaró que, hasta el momento, no existe ninguna iniciativa formal ni solicitud presentada ante el Congreso para activar un proceso de juicio político contra funcionario alguno, pese a las especulaciones surgidas en distintos sectores.

El titular del Legislativo recordó que este tipo de procedimiento requiere una mayoría calificada de 86 votos de los 128 diputados que conforman el hemiciclo, subrayando que su partido, con 49 congresistas, no cuenta por sí solo con los votos necesarios para impulsar dicha acción.

En ese contexto, señaló que el tema podría tomar forma en las próximas semanas si así lo decide el pleno del Congreso, aunque evitó adelantar escenarios concretos y se limitó a señalar que no puede confirmarlo ni descartarlo.

No obstante, Zambrano fue enfático al asegurar que el Congreso Nacional ejercerá su función de control político mediante auditorías y supervisión a instituciones de elección de segundo grado, entre ellas el Ministerio Público, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral y el Tribunal Superior de Cuentas.

El presidente legislativo sostuvo que el Congreso tiene la responsabilidad de fiscalizar a los funcionarios que elige, advirtiendo que no se permitirá el uso de cargos públicos para persecuciones con motivaciones políticas ni para actuar bajo instrucciones de intereses particulares.

Al referirse al caso del consejero del CNE, Marlon Ochoa, Zambrano lo acusó de atentar contra el proceso democrático al presentar audios que calificó como falsos ante el Ministerio Público, vinculándolo a un intento de afectar las elecciones y el futuro del país.

Finalmente, solicitó que dichos audios sean sometidos a un peritaje internacional en un laboratorio certificado de Estados Unidos y, pese a la polémica, descartó actuar con represalias, afirmando que su rol como presidente del Congreso exige equilibrio, diálogo y ausencia de revanchismo político.

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