La Corte Suprema de Justicia dictó la medida de arresto domiciliario contra cinco personas implicadas en el caso Sedesol, luego de concluir la audiencia de declaración de imputado celebrada este miércoles. Así lo informó el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, al detallar la resolución emitida por el juez de letras designado que conoce el proceso penal.

De acuerdo con la resolución judicial, los imputados deberán permanecer bajo arresto domiciliario con vigilancia policial permanente, medida que busca garantizar su comparecencia en la siguiente etapa del proceso. El juez consideró que esta disposición resulta idónea para asegurar la presencia de los acusados en la audiencia inicial.

La audiencia inicial fue programada para el próximo viernes 6 de febrero a partir de las 9 de la mañana, instancia procesal en la que el Ministerio Público presentará y evacuará los medios probatorios, incluyendo pruebas documentales, testificales y periciales.

En el mismo caso, el juez agendó la audiencia de declaración de imputado para la diputada Isis Carolina Cuéllar, así como para Jennifer Martínez y José Manuel Cerrato, quienes comparecerán el jueves 5 de febrero a las 9 de la mañana tras solicitar presentarse de manera voluntaria ante la autoridad judicial.

Durante la audiencia celebrada, el juez valoró tanto la solicitud del Ministerio Público como los elementos de arraigo presentados por las defensas, entre ellos constancias de vivienda, educación, salud y contratos de arrendamiento, que fueron incorporados para sustentar la aplicación de medidas sustitutivas.

En relación con la caución, el portavoz judicial indicó que será en la audiencia inicial cuando se determine si se admiten en su totalidad las garantías presentadas por los imputados, incluyendo un bien inmueble ofrecido por el ex titular de Sedesol, José Carlos Cardona, valorado en casi cinco millones de lempiras.

Las autoridades judiciales confirmaron que existen siete órdenes de captura vigentes relacionadas con este expediente, las cuales pueden ser ejecutadas en cualquier momento por los cuerpos de seguridad del Estado, al no haberse recibido nuevas solicitudes de presentación voluntaria.

El proceso penal se desarrolla en el marco de una acusación por 67 delitos de fraude en perjuicio de las arcas nacionales y de la Secretaría de Desarrollo Social, un caso que continúa generando alta atención pública por la magnitud de los recursos involucrados y los funcionarios señalados.