La Fiscalía General de la República de El Salvador informó este día que recibió oficialmente a Norman Quijano por parte de las autoridades de Estados Unidos, dando cumplimiento al proceso judicial que lo vincula con graves delitos cometidos durante su trayectoria política. En las próximas horas se le notificará formalmente la condena impuesta por la justicia salvadoreña.

De acuerdo con el ente acusador, Quijano fue condenado por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral, tras un proceso que se desarrolló en ausencia gracias a las reformas al Código Procesal Penal, permitiendo avanzar en el juicio pese a que el imputado se encontraba fuera del país.

El caso se remonta al 3 de noviembre de 2021, cuando la Fiscalía solicitó a la Asamblea Legislativa el desafuero de Quijano, quien en ese momento fungía como diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN). El retiro de su inmunidad constitucional fue aprobado el 18 de diciembre de ese mismo año.

Las investigaciones señalan que durante la campaña presidencial de 2014, cuando Quijano era candidato por el partido ARENA, sostuvo reuniones y pactos con estructuras criminales para obtener apoyo electoral, acusaciones que fueron respaldadas por testimonios, documentos, peritajes, así como audios y videos incorporados al proceso judicial.

Uno de los señalamientos clave provino del fallecido exalcalde de Ilopango, Salvador Ruano, quien aseguró que Quijano ordenó negociaciones directas con pandillas, incluyendo encuentros previos a la segunda vuelta electoral de 2014, con el objetivo de asegurar votos en zonas controladas por estos grupos.

En abril de 2024, el tribunal competente emitió una condena de 13 años y 4 meses de prisión contra el exfuncionario, estableciendo su responsabilidad penal en los delitos imputados. Posteriormente, la Cámara Segunda de lo Penal notificó al PARLACEN para iniciar el trámite de inhabilitación correspondiente.

La Fiscalía confirmó que Norman Quijano será trasladado a un centro penitenciario donde deberá cumplir la totalidad de la condena impuesta, subrayando que el caso representa un precedente en la lucha contra la impunidad y la infiltración del crimen organizado en la política.

Finalmente, las autoridades salvadoreñas agradecieron la cooperación del Gobierno de los Estados Unidos, destacando que la colaboración internacional fue clave para lograr que el exdirigente político enfrente la justicia por los hechos que se le atribuyen.